En un llamado urgente a la acción, Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, ha instado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a asumir un rol más proactivo en la búsqueda de espacios para menores migrantes en las comunidades autónomas. La preocupación de Delgado se hizo evidente durante una reunión de la comisión interadministrativa dedicada al traslado de jóvenes solicitantes de asilo.

Tras la reunión, Delgado expresó su frustración al afirmar que los traslados de menores se realizan sin que las comunidades de destino cuenten con plazas disponibles. “El Gobierno canario no puede actuar como la policía de otras comunidades”, enfatizó, subrayando la necesidad de que el Ministerio garantice la existencia de sitios adecuados antes de que se emitan resoluciones de traslado.

La consejera solicitó que se establezca un diálogo efectivo entre el Ministerio y las comunidades receptoras, con el objetivo de abrir esas plazas necesarias en la Península y asegurar la financiación adecuada para su mantenimiento. "Es fundamental que Política Territorial se involucre en este proceso", señaló, aludiendo a la responsabilidad compartida que deben asumir todos los niveles de gobierno.

Delgado además pidió que el ministro mantenga la "lealtad institucional" demostrada por el Gobierno de Canarias y que no se culpe a las islas por fallos que no les corresponden. Resaltó que, en términos de nuevos ingresos, hay 521 menores que deberían haber sido trasladados ya, pero que las demoras en los trámites han impedido su salida.

Por su parte, la directora general de Infancia y Familias, Sandra Rodríguez, explicó que el sistema legal se esfuerza por proteger los derechos de los menores, aunque ello también alarga los procesos. “Estos no son solo números o expedientes; son jóvenes con historias y necesidades individuales”, subrayó.

Según las cifras del Gobierno canario, en la actualidad hay 4.389 menores migrantes no acompañados bajo su tutela. Aunque 410 han sido trasladados a la Península, todavía hay 3.979 en las islas. Los datos indican que el proceso de traslado ha sido lento, y a pesar de que la reducción en el número de menores es notable, la presión sobre las infraestructuras sigue siendo alarmante.

Rodríguez también cuestionó la necesidad de más resoluciones por parte del Gobierno, dado que casi 300 expedientes siguen pendientes. "Seguimos enviando casos diariamente, pero la lentitud parece injustificable", añadió.

Es preocupante también que 99 menores han renunciado a su derecho a la protección internacional al negarse a ser trasladados a instalaciones temporales en Gran Canaria, como el Canarias 50, donde las condiciones siguen siendo precarias. Actualmente hay 85 en el Canarias 50, 28 en la Casa del Mar y 54 en el Colegio León, mientras que 96 solicitantes han recibido respuestas negativas a sus peticiones de asilo.

En resumen, la situación de los menores migrantes es crítica. La falta de plazas y el estancamiento de procesos administrativos son obstáculos significativos, exacerbados por la falta de una declaración de emergencia migratoria por parte del Estado. Esto impide a las comunidades autónomas abrir nuevos espacios de acogida en el marco de un proceso burocrático que se vuelve más complejo cada día. Como concluyó la directora general, “Canarias no puede enviar a esos menores a lugares que no existen. Son niños y niñas, no simples despachos de papel”.