En un paso contundente hacia la defensa del medio ambiente y el bienestar social, la organización 'Canarias tiene un Límite', compuesta por más de 75 grupos comunitarios del archipiélago, ha revelado un plan ambicioso para un nuevo modelo de desarrollo en las Islas. Este proyecto, titulado '80 y pico medidas para el cambio de modelo. Afrontar la sostenibilidad en Canarias', fue presentado el miércoles en Santa Cruz de Tenerife.

Los representantes de la plataforma, que han recogido más de 1.200 sugerencias a través de un proceso participativo, expusieron su manifiesto frente a la sede de Presidencia del Gobierno, donde planean registrar oficialmente su propuesta. Hicieron un llamado urgente sobre la velocidad del cambio necesario en el modelo económico actual, advirtiendo que su paciencia se está agotando.

“No permitiremos que ignoren nuestras demandas”, afirmaron con determinación ante los medios, manifestando su intención de movilizarse y hacerse escuchar en las calles en beneficio de su hogar insular. Llamaron a la acción, recordando que las decisiones del Gobierno no representan los intereses de todos, sino de un grupo selecto que dista de la realidad de la población canaria.

La desesperación y la urgencia en la búsqueda de justicia social y ambiental están en auge, enfatizaron, señalando que "no tenemos nada que perder, solo dignidad por ganar". Así, buscan trazar un futuro donde el bienestar del pueblo y la tierra sea prioridad.

En su detallado documento de 181 páginas, los activistas abogan por varias medidas clave. Entre ellas, la implementación de una ecotasa por cada noche de alojamiento, la creación de una moratoria turística y la prohibición de la compra de propiedades por no residentes, así como la paralización de proyectos, como los polémicos desarrollos de Cuna del Alma y el hotel de La Tejita, que contravienen la normativa ambiental.

Además, proponen una transición hacia un modelo energético equitativo y participativo, que priorice el transporte público eléctrico y eficiente, desalentando megaproyectos como trenes de alta velocidad y nuevas autovías. Sugieren que las islas creen empresas públicas de energía para gestionar la distribución de forma sostenible y directa.

En términos de gestión del agua, exigen modernizar el sistema actual, obsoleto desde 1990, y enfatizan que el uso de desalinizadoras debe ser la última opción. También piden una estrategia educativa sobre el uso del agua y un ambicioso objetivo de alcanzar 'vertido cero'.

La plataforma plantea un cambio radical en la gestión de residuos hacia un modelo ecológico y participativo, solicitando la revisión continua del Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN) para adaptarlo a las circunstancias locales y fomentar la economía circular. También proponen incentivos para prácticas responsables y la creación de depuradoras ecológicas.

Adicionalmente, exigen una reconsideración del modelo de gestión ambiental con el establecimiento de una ley de biodiversidad y espacios naturales, así como una vigilancia más rigurosa a través de la formación de agentes medioambientales. También abogan por regular el acceso a espacios naturales, incluyendo límites de visitantes y restricciones para vehículos de motor.

El grupo también pide la creación de un catálogo de Especies Exóticas Invasoras y mayores reservas marinas, junto con una gestión más estricta de la pesca recreativa. En el ámbito de la movilidad, solicitan una moratoria a la construcción de nuevas carreteras y otras infraestructuras que fomenten el uso del automóvil privado, proponiendo en su lugar mejores alternativas de transporte.

Desde un enfoque social, demandan una reforma profunda del sistema de salud canario, centrada en la equidad y la eficacia, siendo necesario también el aumento de la financiación educativa para mejorar las infraestructuras, reducir las ratios de estudiantes por aula y promover una educación inclusiva y decolonial.

En lo que respecta a la vivienda, sugieren un aumento del parque público, restricciones a la compra por entidades especulativas y una colaboración institucional que permita un verdadero acceso a la vivienda digna para todos. Además, proponen una nueva renta básica que fomente la igualdad y la descentralización de los servicios sociales para un acceso más equitativo.

Finalmente, la plataforma afirmó a favor de que Canarias sea un territorio de paz, promoviendo la desmilitarización y la neutralidad, así como un enfoque en la agricultura que garantice el acceso a la tierra y agua, favoreciendo el comercio justo de productos locales. También demandan una ley que regule el derecho de los nuevos residentes y la creación de rutas seguras para la inmigración.