El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha declarando este martes que su administración está desarrollando una propuesta destinada a solicitar al Gobierno central una compensación económica por los costos que ha asumido en la atención de 1.008 menores migrantes que buscan asilo. Esta situación ha sido considerada por Domínguez como un gasto "injusto e innecesario", especialmente a la luz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo.

Durante la sesión de control en el Pleno del Parlamento, el vicepresidente acusó al Gobierno central de "someter" al archipiélago a una carga que no le corresponde, al negarse a hacerse cargo de la tutela de estos menores. Además, mencionó que el Gobierno central incluso intentó recurrir la sentencia, aunque finalmente dio marcha atrás ante la presión ejercida desde las islas.

Domínguez subrayó que el Gobierno de Canarias ha sido el que más ha priorizado los derechos de los menores, colocando este compromiso por encima de las acciones del Gobierno central y de la Unión Europea.

Por su parte, la presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, cuestionó a Domínguez sobre la postura de los seis diputados del Partido Popular canario frente a la votación del decreto ley que propone una reforma de la ley de extranjería. Con ironía, destacó que la ciudadanía podría agradecer más a los siete representantes de Junts que a los populares en esta cuestión.

Fierro criticó la tendencia del vicepresidente a aferrarse a la sentencia del Supremo como una forma de justificación, argumentando que la cuestión que se discutirá en el Congreso este jueves es una respuesta integral, y no sólo relacionada con los solicitantes de asilo.

Además, Fierro instó a los populares canarios a votar a favor, advirtiendo que una negativa sería un indicativo de que el compromiso de Domínguez con Canarias se quedaría en mera retórica. Al finalizar, describió al vicepresidente como el "mejor soldado" del PP, insinuando que sus intereses partidistas prevalecen sobre las necesidades de las Islas, mientras figuras prominentes como Carlos Mazón, Isabel Díaz Ayuso, Jorge Azcón o Marga Prohens han adoptado posturas adversas hacia la acogida de más menores migrantes y han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional.