En un giro significativo de los acontecimientos políticos, el Parlamento de Canarias ha ratificado una Proposición No de Ley (PNL) que manifiesta su desacuerdo con el aumento del 6,3% en las tarifas aeroportuarias propuesto por Aena para el año 2026. Además, la propuesta demanda que Canarias participe activamente en el régimen especial de gestión de los puertos y aeropuertos de interés general, insistiendo en que no se trata de tener un asiento simbólico en la mesa, sino una voz real en las decisiones que les conciernen.

El respaldo a esta iniciativa ha sido un esfuerzo conjunto de los grupos políticos de CC, PP, ASG y el Mixto, aunque la enmienda presentada por este último bloque no logró ser aprobada. La votación finalizó con 43 votos a favor y 22 en contra, siendo los miembros del Partido Socialista los que no apoyaron la medida.

En un giro complementario, también se aprobó el inicio de negociaciones en el marco de la Comisión Bilateral Canarias-Estado. Este paso busca la implementación de leyes estatales que permitan a Canarias ejercer plenamente las competencias estipuladas en el artículo 161 de su Estatuto de Autonomía.

El portavoz de CC, Jonathan Martín, ha manifestado su desacuerdo con el aumento de tarifas, considerando que Aena está tomando una decisión unilateral al imponer un incremento del 6,5% sin tener en cuenta las particularidades del archipiélago. Según Martín, esta acción contraviene el Estatuto de Autonomía y margina a Canarias de la toma de decisiones sobre sus propias rutas aéreas, que son esenciales para el acceso y salida de las islas.

Martín también enfatizó el carácter mayoritariamente público de Aena, que, gracias a un capital estatal del 51% a través de Enaire, reportó beneficios récord de 1.934 millones de euros en 2024. Esto, argumentó, hace aún más cuestionables las razones detrás de la subida propuesta.

El diputado destacó la importancia de que Canarias tenga voz en la gestión de sus aeropuertos, especialmente dado que estos son considerados infraestructuras estratégicas fundamentales para la economía y la conectividad del archipiélago. La necesidad de participación en la planificación y gestión ha sido subrayada como una cuestión crítica.

Desde el Partido Popular, Curbelo Trujillo reclamó el reconocimiento de esta subida como una injusticia añadida, que se suma a más de 90 aumentos de impuestos del gobierno de Pedro Sánchez. Subrayó que las tasas aéreas son vitales para la conectividad de los canarios, especialmente para aquellos que dependen de los aviones para realizar gestiones o conectarse con otros lugares.

La diputada popular destacó que cada aumento en las tarifas representa una carga adicional para las familias canarias, quienes ya enfrentan dificultades económicas. Resaltó la paradoja de que Aena, con capital público, obtenga tales beneficios mientras subjuga a los ciudadanos con aumentos de tarifas.

Melody Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera, añadió que la conectividad es crítica, en especial para las islas no capitalinas, y debe ser tratada con "respeto y sensibilidad". Este aumento estaba destinado a afectar directamente la cohesión territorial y la economía de las islas, con cada euro adicional en el precio de los billetes cerrando oportunidades para muchos.

Raúl Acosta, representante de AHI, denunció el "trato colonial" que experimenta Canarias de parte de Aena. Criticó la falta de atención a las necesidades de infraestructura, especialmente en las islas menos pobladas, donde la falta de inversiones se traduce en ineficiencias y peligros ambientales.

Por otro lado, el grupo de Vox, aunque su enmienda fue rechazada, expresó su preocupación sobre cómo este aumento impactará a los ciudadanos, recordando un episodio similar de 2012 bajo el PP. Paula Jover afirmó que aunque el aumento se justifica por la necesidad de mejorar servicios, la realidad es que estos se encuentran en un estado de deterioro notable.

Carmen Hernández, de NC-BC, reafirmó que la actitud de Aena hacia Canarias es más propia de una empresa privada que de una entidad pública. Destacó el carácter vital de la conectividad para un archipiélago como el canario, cuyo acceso y movilidad dependen enteramente de sus aeropuertos.

En defensa del aumento, Marcos Bergaz del PSOE argumentó que el efecto sobre el precio final sería moderado, con 68 céntimos de incremento. También recordó que esta situación es el resultado de decisiones de privatización en manos del PP y que las inversiones planeadas superan los 13.000 millones de euros en la red aeroportuaria nacional, con más de 1.000 millones dirigidos a Canarias.