Santa Cruz de Tenerife, 20 de noviembre. En una reveladora actualización, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ha anunciado que el Ejecutivo se verá obligado a reintegrar las significantivas multas que se impusieron a las empresas eléctricas por su responsabilidad en cortes de energía, tanto totales como parciales, que se han registrado en las islas desde el año 2018. Estas decisiones vienen avaladas por sentencias judiciales firmes.

La suma total que se restituirá a las entidades sancionadas asciende a 49,66 millones de euros. Esta restitución se origina en un vicio procedimental, dado que los plazos para gestionar los respectivos trámites han caducado, tal como se resalta en el comunicado emitido por el Gobierno.

El consejero Mariano Hernández Zapata ha apuntado que este hecho es consecuencia de una "gestión desastrosa" por parte de la administración anterior. Al iniciar el proceso de indemnización, no se consideraron los breves plazos establecidos para tal gestión, lo que implica que, en última instancia, serán todos los canarios quienes paguen las consecuencias de esta ineficiencia administrativa.

Zapata ha recordado que estas sanciones están relacionadas con los apagones energéticos que afectaron a las islas de Tenerife y La Palma en 2018, 2019 y 2020. El Gobierno había divulgado estas multas en su momento con gran despliegue mediático, pero ahora se ven obligados a devolverlas, y con intereses, lo que eleva la cifra total a más de 50 millones de euros, evidenciando así una tramitación inadmisible.

El consejero también ha informado que el cumplimiento de estas sanciones se hará efectivo ahora, dado que ha sido recientemente determinado por los tribunales, tras los recursos presentados por las empresas implicadas y las consideraciones sobre los plazos de tramitación.

Frente a esta problemática, Zapata celebró que en los escasos cinco meses que lleva en el cargo, se ha dado respuesta a la situación, modificando la Ley 11/1997 del 2 de diciembre, que regula el sector eléctrico en Canarias. Esta enmienda fue acordada por consenso unánime en el Parlamento canario.

Esta modificación garantiza que, ante futuros incidentes, existe una legislación que asegura mayor claridad y seguridad legal en todos los procesos sancionadores. Se ampliaron los plazos de tres meses a 18 meses, bajo lo establecido por la ley estatal, asegurando así un marco más robusto para actuar frente a posibles infracciones por parte de las empresas eléctricas.

Con estas nuevas disposiciones, el Gobierno podrá contar con tiempos más adecuados para sancionar a aquellas empresas del sector eléctrico que incurran en faltas severas, como la situación crítica vivida en julio en La Gomera, donde ocurrió un apagón general. Esta medida busca evitar la repetición de fallos del pasado.

Finalmente, el consejero no dejó pasar la oportunidad para señalar que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por prevenir más cortes de electricidad, Canarias sigue encontrándose "en situación de emergencia energética". Esta declaración, realizada por el actual Ejecutivo, se produce en un contexto de sanciones pendientes y un informe del operador del sistema eléctrico, presente desde 2019, que ya alertaba sobre el déficit energético en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.