En un reciente informe, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha revelado que durante los primeros diez meses del año se han registrado un alarmante total de 459 agresiones dirigidas a los profesionales sanitarios. Esta cifra, según la valoración del departamento, sugiere una "ralentización" en la tendencia de este preocupante fenómeno.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, expuso esta información en una comisión parlamentaria, donde respondió a una inquietud planteada por el grupo ASG. Monzón proyecta que el año cerrará con un aumento contable menor, concluyendo 2023 con un total de 443 agresiones, lo que representa un 3,01% en relación al total nacional.

La consejera expresó su preocupación ante la violencia que enfrentan los trabajadores sanitarios en el ámbito de su labor, destacando la creación de un registro en la Dirección General de Recursos Humanos. Este registro tiene como propósito clasificar todas las comunicaciones internas, abarcando tanto agresiones físicas como verbales, en un intento de proporcionar una respuesta más efectiva a este problema.

Para garantizar la seguridad de los profesionales, Monzón detalló una serie de medidas implementadas por su departamento. Estas incluyen el desarrollo del Plan de Prevención de Agresiones a los Profesionales del Servicio Canario de la Salud, que introduce un registro y un "mapa de riesgos" para identificar los centros con mayor incidencia de notificaciones. Este enfoque busca implementar medidas de prevención específicas en estos lugares más vulnerables.

Adicionalmente, la Consejería mantiene una colaboración estrecha con el Consejo Canario de Colegios de Abogados, facilitando a los trabajadores el acceso gratuito a asesoramiento jurídico. Esta iniciativa tiene como objetivo permitir que afronten los procesos legales sin que esto represente una carga económica adicional para ellos.

En un contexto más amplio, todas las denuncias recibidas son remitidas automáticamente a la Fiscalía Provincial, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, garantizando un seguimiento continuo de cada uno de los casos registrados. Monzón también mencionó la implementación de un curso centrado en la prevención de agresiones, fomentando un "mejor ambiente" tanto asistencial como laboral, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria, cuyo presupuesto se ampliará en 1,4 millones para el próximo año.

Por su parte, Jesús Ramos, representante de ASG, subrayó que los enfermeros son los profesionales que más agresiones han reportado, afectando a diversos entornos laborales, tanto en hospitales como en centros de salud. Ramos hizo un llamado a que "todas" las agresiones se denuncien, con el fin de diseñar una "acción integral" que aborde el problema con mayor eficacia.

Finalmente, también solicitó un aumento en el traslado de especialistas hacia las islas periféricas, argumentando que a menudo los pacientes llegan "agotados" tras un largo viaje, lo que puede ocasionar que las discrepancias surjan "con mayor facilidad". Su propuesta busca no solo abordar las agresiones, sino también mejorar la atención y el servicio a los ciudadanos más alejados.