Este 26 de diciembre, desde Santa Cruz de Tenerife, se ha dado un paso significativo hacia la regulación del turismo en las Islas Canarias. El Gobierno regional ha aprobado el texto que dará origen a la futura Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, una normativa que se enviará en los próximos días al Parlamento de Canarias para iniciar un debate exhaustivo entre las diversas fuerzas políticas.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ofreció detalles sobre esta importante legislación en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. Según explicó, este proyecto es el resultado de un "intenso proceso" de escucha activa, en el cual se han involucrado todos los actores relevantes del sector turístico, desde empresarios y Cabildos insulares hasta asociaciones y expertos en la materia.

De León puntualizó que las bases de esta normativa se han estado construyendo durante más de un año, período en el cual se llevaron a cabo múltiples reuniones y encuentros para recabar propuestas y alcanzar un amplio consenso. Este enfoque colaborativo se ha traducido en un texto que refleja las inquietudes y necesidades de la comunidad canaria en materia de turismo.

Un elemento clave que destacó la consejera es el apoyo recibido del Consejo Consultivo, cuyo dictamen ha avalado tanto los principios fundamentales de la ley como su estructura. En este sentido, la normativa estipula que no podrán establecerse nuevas viviendas de uso vacacional hasta que no exista una planificación urbanística que lo permita, al menos durante los próximos cinco años. Esto implica que serán los plenos de los 88 ayuntamientos de Canarias quienes, de manera democrática, decidirán cuántas y dónde se podrán instalar estas viviendas, siempre bajo criterios de sostenibilidad.

El órgano consultivo, además, ha enfatizado que la ley prioriza los derechos de los residentes, buscando mejorar su calidad de vida. Por ello, se prohíbe que las nuevas construcciones se destinen a alquiler vacacional en los diez años posteriores a su edificación, lo que asegura su utilización dentro del mercado residencial, manteniendo así disponibles los espacios para la ciudadanía.

La legislación también propone que la duración de las declaraciones responsables se limite a cinco años, con posibilidad de renovación, incorporando algunas sugerencias menores que ya han sido integradas en el texto que se discutirá en el Parlamento. Este proyecto marca un hito, siendo la primera ley que el Ejecutivo autonómico presenta en esta legislatura para el análisis y enriquecimiento del mismo a través de las aportaciones de diferentes grupos políticos.

Se anticipa que el debate en la Cámara regional comience una vez se reanude el período de sesiones a finales de enero, con la particularidad de que se ha declarado un trámite de urgencia, lo que acortará los plazos establecidos.

Durante su intervención, Jéssica de León subrayó los objetivos de la ley, destacando la necesidad de garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a viviendas dignas y asequibles. Esto se traduce en la prohibición de implantar edificios enteros destinados al alquiler vacacional en terrenos destinados a uso residencial.

Otro aspecto relevante es la prohibición de que las viviendas de protección oficial se comercialicen con fines turísticos, ya que deben ser consideradas un recurso para las familias más vulnerables de la región.

En relación al inicio de actividades, el nuevo marco normativo mantendrá la figura de la declaración responsable, pero, a diferencia del régimen actual, se requerirá documentación técnica adicional que acredite el cumplimiento de requisitos de seguridad, accesibilidad y salubridad, así como de las normativas sectoriales y turísticas correspondientes.

En este punto, De León aclaró que la ley nointroduce cambios en lo que respecta a actividades clasificadas, un aspecto ya regulado por el decreto 113/2015, y que no otorga nuevas competencias a los ayuntamientos o cabildos.

El proyecto también contempla que los pequeños propietarios que actualmente operan sus viviendas de forma legal podrán continuar haciéndolo de manera indefinida una vez que la norma entre en vigor, aunque esta actividad no podrá ser transmitida. En cuanto a los explotadores que no son propietarios, se establece un periodo inicial de actividad de cinco años, con la posibilidad de prorrogarlo hasta un máximo de veinte años.

“Es crucial resaltar que las viviendas vacacionales que operan legalmente hoy, y que cumplen con el decreto 113/2015, seguirán siendo legales bajo la nueva ley, permitiéndoles continuar sus actividades sin inconvenientes”, concluyó la consejera, reafirmando el compromiso del Gobierno con un turismo más sostenible y justo para todos los canarios.