LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 de enero. En un movimiento que busca profundizar en la autonomía del archipiélago, el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha dado a conocer que han formalizado una solicitud al Gobierno central para establecer una comisión bilateral. Esta iniciativa persigue el avance en dos áreas claves: la cogestión de aeropuertos y el control tributario relacionado con los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este lunes, Cabello subrayó que el propósito de esta solicitud es consolidar el autogobierno de Canarias en aspectos establecidos en su Estatuto de Autonomía. Se hace referencia a la necesidad de que los canarios se involucren activamente en las decisiones que afectan a sus conexiones aéreas y a la gestión de sus propias herramientas económicas.

El presidente canario, Fernando Clavijo, respalda esta solicitud al amparo del marco legal establecido en el Estatuto de Autonomía de 2018, que establece las bases para que Canarias avance en su autogobierno, esto incluye la negociación de competencias con el Estado central. En su artículo 161, el Estatuto reconoce a Canarias el derecho a participar en la planificación y gestión de aeropuertos, una capacidad que el Gobierno autonómico desea concretar mediante una mayor influencia en la toma de decisiones de Aena y otros entes.

Este artículo establece que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene la exclusiva competencia sobre infraestructuras de transporte que no sean de interés general estatal y también sobre aquellas que sí lo son, siempre que el Estado no decida gestionar directamente. En este contexto, Clavijo ha instado al ministro de Política Territorial y Transición Democrática, Ángel Víctor Torres, a abrir un espacio de negociación bilateral que permita a Canarias asumir estas funciones, preservando al mismo tiempo la titularidad estatal sobre las competencias normativas.

Cabello destacó que con este paso, Canarias inicia un proceso de diálogo con el Estado que puede resultar fundamental para garantizar una conectividad aérea adecuada para los ciudadanos. "Canarias tiene mucho que aportar en la toma de decisiones sobre sus aeropuertos", enfatizó. Este reclamo se enmarca en la creciente necesidad de reivindicar la voz de la comunidad autónoma en cuestiones que afectan su desarrollo y bienestar.

En cuanto al control de los incentivos fiscales del REF, Clavijo ha remitido otra comunicación a Torres donde solicita la apertura de negociaciones para ceder esta competencia a Canarias, conforme a lo establecido en la disposición adicional segunda del Estatuto. Este apartado abre la puerta a la cooperación y gestión conjunta entre la administración tributaria estatal y la de la comunidad autónoma.

La propuesta del Comisionado del REF, José Ramón Barrera, resalta que un mayor control por parte del Gobierno de Canarias de los incentivos fiscales podría conducir a un modelo más eficiente y cercano a la realidad del archipiélago. Este enfoque ya ha encontrado precedentes en otras regiones de España y se alinea con los marcos jurídicos establecidos tanto a nivel nacional como europeo.

La carta al ministro Torres también indica que el traspaso del control tributario iniciaría en consonancia con la singularidad económica y fiscal de Canarias, promoviendo un proceso bilateral que respete los acuerdos previos y la normativa vigente. El objetivo es discutir de manera conjunta cómo gestionar las funciones de control y supervisión de los incentivos fiscales asociados al REF, manteniendo siempre la integridad de las competencias estatales en materia tributaria.

El Gobierno canario tiene la intención de asumir el control sobre incentivos fiscales cruciales, como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y otros beneficios diseñados para fomentar la inversión en el archipiélago. La competencia abarcaría la aplicación y supervisión de requisitos normativos esenciales para el funcionamiento de estos incentivos, siempre en concordancia con el marco estatal y europeo.

Además, el Ejecutivo plantea la necesidad de debatir la posibilidad de asumir la facultad de emitir criterios interpretativos sobre la aplicación de beneficios fiscales, así como la calificación de inversiones elegibles y la interpretación de requisitos formales. Esta capacidad de interpretación es clave para asegurar la correcta implementación de los incentivos fiscales en función de las necesidades locales.

En última instancia, el documento solicita al Estado que se aborde la necesidad de reforzar la Comisión Bilateral Canarias-Estado, configurándola como un instrumento estable para evaluar el funcionamiento del sistema de Régimen Económico y Fiscal, garantizando así una aplicación uniforme y adaptada a la economía canaria. Este es otro paso hacia una mayor autonomía y realismo en la gestión de las particularidades del archipiélago.