SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 de octubre.

En un urgente llamado a la acción, el Gobierno de Canarias ha instado este lunes al Gobierno central a desarrollar un plan de emergencia que brinde mayores recursos financieros, personales y técnicos con el fin de abordar la crítica situación de los menores migrantes en las Islas. La falta de espacio adecuado en los centros sigue siendo alarmante, y el ritmo de traslados es considerado por autoridades locales como "insuficiente".

Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno regional, advirtió en una conferencia de prensa que las condiciones para los solicitantes de asilo y los menores en espera de ser trasladados se están deteriorando rápidamente, lo que agrava la ya delicada situación en el archipiélago, especialmente bajo la vigente ley de extranjería.

Con el objetivo de hacer frente a esta crisis, Cabello anunció la contratación de 24 nuevos trabajadores para el área de Bienestar Social, añadiéndose a los 39 empleados que ya se incorporaron en una primera fase, así como otros cuatro profesionales que apoyarán la Fiscalía Superior de Canarias, centrándose en la tramitación de casos de edad.

Este grupo adicional de profesionales comenzará a trabajar tras un encargo a Gestur, la empresa pública del Gobierno, para implementar lo dispuesto en el Real Decreto 658/2025 que se activó en respuesta a la emergencia migratoria. La nueva plantilla se repartirá entre las dos provincias, incluyendo 10 trabajadores sociales, 10 administrativos y 4 juristas para abordar la creciente carga de trabajo en el ámbito de la infancia.

Este incremento de personal es la continuación de un esfuerzo iniciado en septiembre del año anterior, cuando 39 personas se sumaron al sector para mejorar la atención a la infancia en general. Estos nuevos recursos permitirán gestionar de manera efectiva los expedientes de los menores migrantes y asegurar la defensa y promoción de sus derechos en la comunidad canaria.

Cabello enfatizó que el Gobierno canario está utilizando todos los recursos disponibles para abordar los casos de menores, instando al Estado a hacer lo mismo. "Estamos haciendo nuestra parte, pero es evidente que la respuesta del Gobierno central no ha sido suficiente", subrayó.

En cuanto a la situación crítica de los centros, que albergan a más de 300 menores, Cabello declaró que su equipo está actuando de manera transparente y responsable, presentando sus acciones al Tribunal Supremo. "No hay mucho más que podamos hacer, la circunstancia es desesperante", agregó, reflejando la frustración del Gobierno regional ante la falta de una respuesta más contundente por parte del Gobierno central.

El portavoz también criticó la "sistemática desinformación" del Gobierno español respecto a la realidad en las Islas, advirtiendo que muchos de los menores están a punto de cumplir la mayoría de edad sin que se reconozcan sus derechos. "Hasta el momento, solo se han llevado a cabo tres de las 41 derivaciones previstas desde el 29 de agosto, mientras que 4.700 menores permanecen en el archipiélago", afirmó Cabello con preocupación.

En el contexto de los solicitantes de asilo, únicamente 182 han sido trasladados a la Península, un aumento de 21 con respecto a la semana anterior. Según las estimaciones de Cabello, a este ritmo, se tardaría más de 13 meses en cumplir con el mandato del Tribunal Supremo, dado que aún hay 764 menores a la espera de ser derivados, además de otros 400 que han llegado desde junio, acumulando un total de 1.164 casos de asilo pendientes en la región.