La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha manifestado que "los retrasos ya no son una opción" y ha expresado su deseo de que la distribución de menores migrantes comience este verano.

En un discurso ante el Pleno del Parlamento, Delgado hizo un llamado a las comunidades autónomas que han presentado recursos en el Tribunal Constitucional, instándoles a mostrar "una visión estatal" y a colaborar en la acogida de menores migrantes no acompañados, conforme a la legislación de extranjería.

La consejera enfatizó que el archipiélago no busca limosnas, sino que exige un compromiso real. De cara a la conferencia sectorial programada para el viernes, espera que exista "voluntad de acuerdo" y que el Gobierno central facilite la logística necesaria para iniciar los traslados en las próximas semanas, evitando posponer esta acción hasta el final de septiembre.

Delgado subrayó la urgencia de la situación, haciendo hincapié en que en Canarias hay actualmente cerca de 5.600 menores, con 82 centros saturados y profesionales "exhaustos". "Los recursos están al límite", remarcó la consejera, señalando que la crisis es mucho más que temporal, describiéndola como "una crisis humanitaria estructural" con unos 15.000 migrantes arribados este año, de los cuales un tercio son menores.

La responsable de Bienestar Social agregó que la atención que se brinda a estos menores implica riesgos inminentes para su bienestar, opinando que "la infancia no debería depender del lugar donde se desembarca". Por eso, insistió en la creación de un sistema automático de distribución, ya que considera que "Canarias continúa sola" en esta lucha, a pesar del respaldo legal que ha recibido de la justicia y de dos sentencias históricas del Tribunal Supremo.

A su vez, Delgado explicó que la redistribución de más de 1.000 menores que han solicitado asilo sería un "alivio" significativo para las islas y manifestó la importancia de no ceder a la insensibilidad, resaltando que "cuando un niño llega solo en una patera, la responsabilidad recae en toda la nación".

En este contexto, apeló a las comunidades para que eviten la "confrontación" y no utilicen a los menores como "arma política", garantizando que la distribución se realice "de manera proporcional y justa".

La consejera también destacó el alto costo que ha significado la acogida de menores para Canarias, estimando en alrededor de 190 millones al año, de los cuales solo ha recibido 50 del presupuesto de 2024, además de faltar otros 100 millones que el Gobierno central había prometido.

Delgado concluyó enfatizando que el objetivo no es que "Canarias gane un combate político", sino que "España se fortalezca en términos de humanidad y cohesión".

Por su parte, Jana González, representante de Coalición Canaria, reconoció que la situación actual es diferente a la de hace un año, gracias a la modificación de la ley de extranjería y a las resoluciones del Tribunal Supremo que respaldan la distribución de menores migrantes entre las comunidades y su inclusión en el sistema nacional de asilo.

Sin embargo, enfatizó la necesidad de continuar trabajando sobre los "fallos" en la determinación de edad, aludiendo a que muchos menores "acaban viviendo en la calle", y subrayó que "los derechos de los migrantes parecen ser solo una ilusión".

González también instó a desactivar la retórica política que rodea el tema de la inmigración.

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta, expresó su esperanza de que prevalezca la "sensatez" y se logre un acuerdo antes del viernes, a la vez que expresó su "indignación" por la falta de comprensión de parte del Estado y de muchas comunidades autónomas.

"Canarias no puede afrontar esto por sí sola", advirtió, y expresó su anhelo de que se produzca "un cambio en la postura" del gobierno central, dado que "la colaboración de todos es crucial en la búsqueda de soluciones".

Jesús Ramos, de ASG, reconoció que la situación se está prolongando de manera insostenible debido a la "dejadez" del Estado y de la UE. A pesar de la aprobación de un decreto-ley, afirmó que "hasta el momento, no hemos visto resultados concretos" y que la crisis en las islas se ha vuelto ingobernable.

Desde Vox, Nicasio Galván reivindicó la necesidad de "repatriar" a los inmigrantes considerados "ilegales", cuestionando qué ocurrirá cuando todas las comunidades rebasen su capacidad al 150%. "¿Qué sucederá en ese escenario?", planteó.

Galván insistió en que los menores deberían reunirse con sus familias para prevenir el agravamiento de problemas como el aumento del "efecto llamada", el crimen organizado, y las tragedias en el mar.

Luis Campos, de Nueva Canarias-Bloque Canario, lamentó que sea preciso recurrir al Tribunal Supremo para que el Estado cumpla con sus obligaciones, criticando el "desdén absoluto" del Partido Popular hacia los menores en Canarias, señalando un creciente paralelismo entre su discurso y el de Vox.

Finalmente, María Isabel Saavedra, del Partido Popular, censuró al Gobierno central por su falta de una política migratoria "seria", manifestando que Canarias enfrenta esta crisis "sola", únicamente respaldada por el apoyo del Supremo, que ha sido fundamental para establecer un acuerdo que permita acoger a más de 1.000 menores solicitantes de asilo.

Por su parte, Elena Máñez, del PSOE, afirmó que si hoy se vislumbra una posible solución, es gracias a la "voluntad política" del Gobierno, y en particular, del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha trabajado arduamente para garantizar la acogida de estos menores.