Santa Cruz de Tenerife, 21 de mayo. En un paso significativo en la lucha por los derechos de los menores migrantes no acompañados, el Consejo de Gobierno de Canarias ha decidido este miércoles solicitar la inclusión del archipiélago en el recurso que el Gobierno central ha presentado ante el Tribunal Constitucional.

Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, expresó que la región siente las repercusiones de las impugnaciones presentadas por las comunidades de Aragón y Madrid, enfatizando la necesidad de una respuesta unificada y decidida frente a la crisis.

Cabello hizo un vehemente llamado al Gobierno central para que actúe con prontitud y cumpla con sus obligaciones legales, subrayando que no deben esperar a la próxima reunión de la conferencia sectorial de Infancia. Con más de 1.200 solicitantes de asilo esperando en las islas, destacó que la situación es urgente, sobre todo con el Tribunal Supremo programado para escuchar al Gobierno el 29 de mayo.

El portavoz lanzó una advertencia sobre la creciente crisis en el sistema de acogida en Canarias, calificando la situación de "emergencia migratoria grave". Afirmó que aunque se habla con eloquencia de solidaridad, las acciones efectivas parecen estar ausentes, dejando al archipiélago en una posición vulnerable y sin alternativas claras para los menores.

Cabello criticó la falta de acción del Estado, sugiriendo que podría haber implementado medidas más decisivas para ayudar a las comunidades autónomas a gestionar sus recursos de acogida. Subrayó que para los 1.200 menores solicitantes de asilo, no debería ser necesario esperar más.

En su exposición, el portavoz reiteró la solicitud de "ayuda" al Gobierno central para aliviar la carga que pesa sobre el sistema de acogida y pidió un enfoque solidario y responsable de las comunidades autónomas para abordar esta crisis que califica de "desesperada y excepcional".

Un ejemplo de la grave situación es el centro Emena La Fortaleza I en Santa Brígida, que ha sido cerrado por orden judicial tras la detención de nueve personas por presuntas violaciones de derechos. Aunque Cabello admitió que las condiciones de los centros no son las ideales, también destacó que las inspecciones están en marcha y la situación específica del caso permanece bajo secreto de sumario.

Por último, enfatizó la necesidad urgente de comenzar a realizar las derivaciones necesarias para aliviar la presión en los centros, que han estado operando al 200% de su capacidad durante más de un año y medio. Con 86 recursos que deberían estar limitados a 20 menores, pero que en algunos casos albergan cerca de 400, Cabello reiteró la necesidad de apoyo tanto del Gobierno como de las demás comunidades autónomas.