En un inquietante panorama económico, las Islas Canarias se han consolidado como uno de los territorios más afectados por la crisis financiera en España. Según los datos recientes publicados por el Consejo General del Poder Judicial, los juzgados de lo Mercantil de Canarias y Murcia registraron la tasa más alta de concursos de personas naturales no empresarias, alcanzando 33,2 casos por cada 100.000 habitantes en el tercer trimestre de 2024.

Este alarmante aumento en los concursos se ve reflejado en las cifras comparativas, donde Cataluña con 31 y la Comunidad Valenciana con 27,2 ocupan los siguientes lugares en esta triste estadística. Mientras tanto, el País Vasco anotó la tasa más baja con 8,2, resaltando el impacto desigual que la crisis tiene en diferentes regiones del país. La media nacional, de 22,2, queda notablemente por debajo de la de Canarias, lo que apunta a una situación crítica en el archipiélago.

Además de liderar en quiebras, Canarias ha sido el escenario de un notorio incremento en los despidos. Durante el mismo periodo, la tasa de procedimientos judiciales por despido llegó a 115,6 por cada 100.000 habitantes, superando en 16,6 puntos a la Comunidad Valenciana y en 36,6 puntos a la media nacional, que se sitúa en 79. Este contexto revela no solo una crisis en el ámbito empresarial, sino también un deterioro en las condiciones laborales de la población canaria.

En términos absolutos, los números son escalofriantes: Canarias registró 745 concursos de personas naturales no empresarias en el tercer trimestre de 2024, lo que representa un incremento del 44,1 por ciento en comparación con los 517 del año anterior. En cuanto a los despidos, con 2.597 procesos, se observa un aumento del 4,4 por ciento respecto a los 2.488 de 2023, consolidando así una tendencia preocupante en el mercado laboral local.

La situación de los lanzamientos hipotecarios también ha escalado alarmantemente. De julio a septiembre de 2024, Canarias contabilizó 225 procedimientos de este tipo, lo que equivale a un asombroso incremento del 94 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. A pesar de que la tasa de lanzamientos hipotecarios fue de 10 por cada 100.000 habitantes —un poco por debajo de la media nacional de 11,9—, esta cifra resalta la grave dificultad que enfrentan los ciudadanos para mantener sus viviendas.

En el ámbito de los desahucios por impago de alquiler, la situación en Canarias presenta un ligero respiro, con una disminución del 10,2 por ciento en comparación con el tercer trimestre de 2023, pasando de 295 casos a 265. Sin embargo, la tasa por 100.000 habitantes se encuentra entre las más altas del país, alcanzando 11,8, solo superada por Baleares y Cataluña. Esta disparidad subraya la alta presión que sufren los inquilinos en el archipiélago en medio de un contexto económico complicado.

En total, los casos de lanzamientos por diversos motivos en Canarias se han reducido levemente, pasando de 358 en el verano de 2023 a 338 en el presente año, lo que representa una bajada del 5,6 por ciento. No obstante, la tasa de lanzamientos totales se sitúa como la cuarta más alta del país, con 20 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual es motivo de preocupación para los defensores de derechos residenciales.

Adicionalmente, los procedimientos concursales en general han mostrado un aumento significativo, con 769 casos en total comparados con 539 el año anterior, lo que implica un crecimiento del 42,7 por ciento. Mientras que los concursos de personas jurídicas también experimentaron un incremento del 21,1 por ciento, los referidos a personas naturales empresarios han caído drásticamente, evidenciando la difícil realidad que viven los pequeños negocios en el archipiélago.

Finalmente, los procedimientos monitorios, que son reclamaciones de deudas en juzgados civiles, también han subido un 6,6 por ciento, alcanzando los 16.732 casos. En comparación con el resto del país, la tasa de monitorios en Canarias es la más alta, con 744,9 por cada 100.000 habitantes, lo que pone de manifiesto la creciente presión económica que enfrentan los ciudadanos en su vida cotidiana.

En un cierre que no deja de impresionar, los casos de juicios verbales posesorios por okupación se mantuvieron estables, con 25 casos, una cifra que refleja un desafío persistente en la gestión de la vivienda y los derechos de las personas. La situación económica en Canarias revela la necesidad urgente de políticas públicas que ofrezcan soluciones efectivas para mitigar los efectos de una crisis que afecta a los más vulnerables en la sociedad.