SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 de abril.

Este lunes, el Gobierno de Canarias ha dado un paso crucial al iniciar un proceso de revisión integral del marco normativo relacionado con el turismo, con la meta de reformar la ley general de turismo, que fue establecida en 1995.

Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo, compartió esta noticia durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, destacando que las islas requieren una nueva regulación para afrontar los desafíos que se anticipan en los próximos treinta años.

Cabello subrayó que este nuevo enfoque seguirá el "modo canario" de trabajo, el cual implica la colaboración y construcción de consensos, ya que se convocarán amplias reuniones con representantes de todas las partes interesadas en los meses venideros.

Refiriéndose a la reciente huelga turística en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el portavoz recordó que el presidente, Fernando Clavijo, había instado hace más de un año a los empresarios a aumentar los salarios de los trabajadores con el fin de "redistribuir la riqueza" generada en el sector.

Cabello expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado en la provincia de Las Palmas para un incremento salarial y confía en que se pueda replicar en Santa Cruz de Tenerife, donde las negociaciones no lograron avanzar, incluso con la mediación de Clavijo. "Es fundamental continuar las conversaciones en este tema", afirmó.

En una declaración, la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, enfatizó que el objetivo principal es desarrollar un marco normativo actualizado que aborde los desafíos actuales desde una perspectiva sostenible, garantizando el bienestar de los residentes y teniendo en cuenta la vulnerabilidad del territorio insular.

De León explicó que la nueva regulación deberá alinearse con la realidad contemporánea, modificando o eliminando aspectos restrictivos presentes en la normativa estatal y autonómica, así como aquellas cuestiones establecidas por el Tribunal Constitucional.

Asimismo, la consejera indicó que la reforma de la Ley 7/1995 implicará cambios significativos en la Ley 2/2013, dado que ambos documentos abordan asuntos superpuestos. La intención es actualizar estos textos para hacerlos más accesibles tanto a ciudadanos como a profesionales del sector, y simplificar las normativas que rigen la actividad turística en las islas.

La nueva legislación se enfocará en enfrentar los desafíos que presenta Canarias como un destino turístico maduro, priorizando la sostenibilidad en sus dimensiones social, ambiental y económica.

De León también destacó que el texto incluirá medidas específicas para mitigar la problemática de la escasez de vivienda habitual en áreas turísticas, atendiendo a las necesidades habitacionales de la población local.

Esta problemática fue una de las razones que llevaron a la aprobación en marzo del Decreto ley de medidas urgentes relativo al uso turístico, que modifica la Ley 2/2013, introduciendo acciones inmediatas para abordar el uso del suelo y la reconversión de algunos establecimientos turísticos, buscando ofrecer soluciones a la situación habitacional y proporcionar seguridad legal a los residentes en estas áreas.

El futuro marco regulatorio también contemplará un estatuto diferenciado para los municipios con alta afluencia turística, reconociendo que no todos los lugares dentro de las Islas Canarias enfrentan las mismas presiones en términos de servicios públicos y carga territorial.

De esta manera, estos municipios tendrán que ser considerados con un enfoque distinto en la formular políticas de infraestructuras y servicios.

A su vez, la normativa buscará la renovación y modernización de áreas turísticas deterioradas, alineándose con estándares más exigentes en planificación y construcción, a la par con las modificaciones en el marco normativo europeo, estatal y autonómico.

Con el lanzamiento de esta iniciativa, la administración avanza en la agenda trazada al inicio de la legislatura, que establece como metas la modificación del marco jurídico que rige la actividad turística, incluyendo la redacción de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, la reforma del decreto sobre Turismo Activo, la creación del primer reglamento para campings y acampadas, así como la actualización de las Leyes 7/1995 y 2/2013", concluyó De León.