Canarias incluirá impuestos a los cigarrillos electrónicos en el próximo presupuesto de 2025

En Santa Cruz de Tenerife, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha confirmado hoy que se mantendrá el impuesto sobre los cigarrillos electrónicos y vapeo en los presupuestos para el año 2025. Este gravamen, establecido por primera vez en las cuentas de 2024, fija una cantidad de 0,10 euros por mililitro tanto para líquidos con nicotina como sin ella.

La consejera ha destacado que Canarias fue pionera en España al implementar este impuesto y ha expresado su deseo de que la directiva europea incluya de manera explícita una tributación para los líquidos utilizados en estos productos. Asimismo, ha resaltado el compromiso del Gobierno canario con la salud, situándose por encima de otras regiones de España y de varios países de la Unión Europea que aún no utilizan medidas similares.

En respuesta a las críticas sobre este impuesto, Asián ha defendido la importancia de proteger la salud pública y ha señalado que Canarias ha sido líder en la introducción de gravámenes especiales para productos nocivos, equiparándolos a los impuestos sobre tabaco tradicional.

En cuanto al contexto europeo, la consejera ha mencionado una reciente sentencia del Tribunal Europeo que reconoce la inclusión de productos como el tabaco calentado en la directiva sobre tabaco. Considera que esto representa un avance y anima al resto de España y a países de la UE a seguir este ejemplo e implementar gravámenes similares.

Por su parte, la diputada de ASG Melodie Mendoza ha alertado sobre el riesgo que representan los vapeadores y cigarrillos electrónicos como puerta de entrada al tabaco para adolescentes. Destacó que, incluso sin nicotina, estos productos pueden tener impactos negativos en la salud pulmonar y promover hábitos poco saludables en jóvenes.

Mendoza también hizo hincapié en la falta de evidencia sólida sobre la eficacia de los cigarrillos electrónicos como herramienta para dejar de fumar, señalando que los jóvenes que los utilizan tienen mayores probabilidades de consumir tabaco en el futuro. Por ello, considera que aumentar la fiscalidad sobre estos productos tendría un doble beneficio: disuadir su consumo y recaudar fondos adicionales para la atención sanitaria.