El Gobierno de Canarias ha decidido tomar la iniciativa para abordar una situación crítica que afecta a las personas extuteladas que se encuentran en las calles de las islas. En un esfuerzo por mejorar la asistencia a este colectivo vulnerable, se formará una mesa de trabajo entre el Estado y la Fiscalía.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, dio a conocer esta medida después de un encuentro fructífero con la Diputada del Común, Lola Padrón. Esta última había expresado su preocupación por la falta de un plan específico que atienda las necesidades de los jóvenes que han salido del sistema de tutela tras alcanzar la mayoría de edad.

Delgado explicó que, en tiempos recientes, el Ejecutivo regional se ha encontrado con nuevas instrucciones de la Secretaría de Inclusión. Estas directrices han llevado a que muchos adolescentes, al cumplir la mayoría de edad, queden desamparados y no sean acogidos por las estructuras estatales destinadas a su protección.

Ante esta alarmante situación, se busca establecer una mesa de trabajo interadministrativa para “hacer una excepción” a estas nuevas normativas. La consejera aclaró que se está trabajando en un decreto ley que permitirá que los jóvenes extutelados puedan seguir siendo atendidos en los centros del Estado, igual que antes, durante el período de transición hacia el nuevo marco legal.

Respecto a la falta de un programa específico que contemple las necesidades de los extutelados en Canarias, Delgado afirmó que la comunidad autónoma está comprometida en avanzar en este aspecto. Sin embargo, el desarrollo de cualquier iniciativa dependerá de la evaluación de la capacidad que el Estado otorgará el próximo 26 de agosto, durante el Consejo de Ministros.

Por su parte, Lola Padrón se mostró optimista tras la reunión, señalando que este será solo el primero de una serie de encuentros destinados a facilitar una “comunicación fluida” sobre las inquietudes que le plantean los ciudadanos. En la conversación se tocaron temas cruciales como la dependencia, la discapacidad, el ingreso mínimo vital y el bienestar social en general.

“Hemos alcanzado acuerdos de colaboración que permitirán que los técnicos y asesores en estas áreas estén mejor conectados y, por lo tanto, puedan ofrecer respuestas claras y efectivas a las necesidades de la población”, concluyó Padrón, reafirmando el compromiso del Gobierno en trabajar de manera conjunta por el bienestar de los más vulnerables.