SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 de noviembre. En un movimiento significativo hacia la justicia habitacional, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha revelado este martes que su administración ha solicitado una "agenda de trabajo" a la oficina canaria en Bruselas. Este encargo tiene como objetivo primordial "explorar" la posibilidad de implementar restricciones a la compra de vivienda por parte de extranjeros dentro del marco de la Unión Europea.

Rodríguez, en una clara respuesta a la solicitud planteada por el Grupo Nacionalista, no ha dudado en calificar la situación actual del archipiélago como una "emergencia habitacional". Esta crisis, según él, surge de una combinación alarmante de "escasez de oferta y aumento de la demanda", exacerbada por la compra de propiedades de individuos no residentes, lo que ha llevado a un incremento considerable en el precio del metro cuadrado.

El consejero considera "normal, lógico y oportuno" que el reto demográfico canario sea discutido en la próxima Conferencia de Presidentes. La situación es compleja, pues el archipiélago presenta un panorama dual: algunas islas y zonas ven una creciente sobrepoblación, mientras que otras enfrentan una preocupante escasez poblacional. En este contexto, Rodríguez aboga por profundizar en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el cual permite a Canarias fortalecer su condición de región ultraperiférica y buscar formas de "excepcionalidad" que se alineen con sus necesidades específicas.

José Manuel Bermúdez, representante de Coalición Canaria (CC), ha subrayado que el acceso a la vivienda se configura como uno de los "mayores desafíos" de la actual legislatura, una situación que se ve complicada por la realidad de un "territorio limitado" en el archipiélago.

A pesar de que históricamente las islas se han presentado como "tierra de acogida", Bermúdez ha señalado un hecho preocupante: en zonas del sur de Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, una de cada dos viviendas vendidas es adquirida por extranjeros. Aunque es consciente de las "limitaciones" que presenta el Tratado de la UE respecto a establecer "cualquier tipo de restricción" en los movimientos de capitales o en la compra de bienes raíces, el representante enfatiza la necesidad urgente de que el Gobierno canario tome la iniciativa para implementar acciones que mitiguen la creciente tendencia de compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes.