En un llamado a la acción, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha manifestado que ya no hay justificación para dilatar el proceso de redistribución de menores migrantes no acompañados. Durante una rueda de prensa tras su encuentro con Pepe Álvarez, secretario general de UGT, Clavijo subrayó la necesidad de implementar un sistema que permita atender a estos jóvenes de manera eficaz.

Este miércoles, el gobierno canario ha estipulado un aumento en su capacidad de acogida, proponiendo la contingencia migratoria para facilitar la distribución de unos 5.200 menores que actualmente se encuentran en las islas. Esta medida se enmarca en el decreto ley respaldado por el Ejecutivo recientemente.

Clavijo fue contundente en su mensaje y recalcó que el cumplimiento de esta iniciativa no debería encontrar obstáculos, confiando además en que la Fiscalía actuará de forma proactiva para asegurar la adecuada implementación de las disposiciones. El presidente apuntó a la importancia de actuar con prontitud para evitar situaciones de hacinamiento que afecten a estos menores vulnerables.

El mandatario enfatizó que el decreto no se detendrá a menos que un tribunal lo impida, resaltando que el Tribunal Supremo ha establecido directrices claras sobre la protección de los menores. Subrayó que tanto el Estado como las comunidades autónomas tienen responsabilidades compartidas para proteger el interés superior de los niños.

Clavijo también instó a sus homólogos autonómicos a colaborar en la distribución de estos menores, argumentando que en un país de gran población como España, no se debería considerar un desafío gestionar la acogida de un número reducido de niños. Criticó la polarización del debate en torno a la migración, considerando que atentar contra los derechos de la infancia debilita la democracia.

El presidente identificó la plena integración de los menores con acceso a servicios adecuados como un objetivo primordial. Recordó la cruenta realidad que algunos de estos niños han vivido, muchos de los cuales han perdido a sus padres en el camino. Por ello, hizo un llamamiento a la humanidad al tratar estos temas tan sensibles.

En cuanto a los procedimientos estatales, Clavijo pidió una mayor celeridad, señalando que su Ejecutivo tiene la intención de contratar personal adicional para acelerar el proceso de documentación de estos menores, quienes merecen todas las garantías posible, incluyendo su cuidadosa tutela.

A partir de este miércoles, se ha diseñado un procedimiento que regula que los menores no acompañados que lleguen a Canarias deben ser asignados a una comunidad autónoma en un plazo de 15 días, y aquellos que ya están acogidos en el archipiélago cuentan con un año para ser reubicados.

Clavijo externó su deseo de que se respete este nuevo marco legal sin necesidad de recurrir a acciones judiciales, asegurando que todo está en orden para su implementación. Sobre la situación de los solicitantes de asilo, afirmó que está previsto el traslado de más personas a la Península en los próximos días y que la colaboración de ONGs ha sido fundamental para ofrecer plazas al Estado.

Sin embargo, la lentitud del proceso ha generado incertidumbres. Clavijo cuestionó el motivo detrás de la lenta distribución, aunque se mostró optimista ante el avance que ya se ha logrado, aunque insuficiente. En términos de su relación con el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el presidente describió una comunicación cordial, pero reconoció que la eficacia aún no es la deseada.

La actual crisis migratoria se centra en Canarias, pero Clavijo advirtió que otras regiones podrían verse afectadas en el futuro. Defendió la necesidad de gestionar de manera digna el fenómeno migratorio, señalando que los canarios mismos conocen la experiencia de la migración, y que aprender a manejarlo con respeto y dignidad es fundamental.

Finalmente, Clavijo condenó el uso de la migración como un instrumento político, criticando el enfoque xenófobo y racista que a menudo acompaña estas discusiones públicas. Reiteró su compromiso de defender los derechos de los menores y condenó el populismo que antepone intereses electorales al bienestar de estos niños.