La situación de los menores no acompañados en Canarias ha ganado una nueva prórroga tras la reciente decisión del Consejo de Gobierno. Esta medida, que se mantendrá hasta 2028, permitirá contar con un equipo de 19 profesionales en trabajo social y 20 técnicos administrativos dedicados a facilitar la atención y el proceso burocrático de estos jóvenes migrantes.

La información fue proporcionada por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, la cual destaca que el coste del convenio temporal alcanzará un total de 1.706.186,97 euros. Este respaldo financiero es crucial para continuar brindando el apoyo necesario a una población vulnerable que necesita atención y consideración especial.

El aumento del personal se ha decidido con el objetivo de acelerar la tramitación de documentos; hasta ahora se han completado 755 expedientes enviados a las delegaciones del gobierno. Sin embargo, solo 331 de ellos han recibido resolución por parte de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, lo que indica que la carga de trabajo sigue siendo alta y requiere atención continua.

Es relevante mencionar que, de estos expedientes, 135 han sido archivados debido a diferentes circunstancias, como la mayoría de edad de los menores. Además, 132 jóvenes han sido reubicados en distintas comunidades autónomas, mientras que 14 han optado por quedarse en las Islas, rechazando el traslado.

Asimismo, el personal adicional está encargado de gestionar 228 resoluciones de traslado recibidas de las delegaciones de gobierno, en un contexto donde se registraron 572 nuevas llegadas de menores a Canarias. Estos niños y niñas han estado alojándose en centros del Gobierno autonómico desde su llegada al archipiélago.

El esfuerzo del equipo va más allá de la reubicación, ya que también se ocupa de las 173 reubicaciones de estos recientes arrivados, donde 77 de ellos ya han alcanzado la mayoría de edad. La gestión de estos casos involucra múltiples aspectos, incluyendo la cooperación con otras comunidades autónomas, la comunicación con la Fiscalía, la reunificación familiar, el seguimiento social y la organización de traslados hacia la Península o hacia otros países de la Unión Europea, además de la gestión de la protección internacional de estos niños y adolescentes.