El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha señalado que tanto el Estado como las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de actuar de forma inmediata en la redistribución de los menores migrantes no acompañados, subrayando que la situación demanda un cambio urgente antes del verano, ya que "las justificaciones han llegado a su fin".

Durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Cabello destacó que esta semana es crucial, con dos fechas clave: el 28 de mayo, que albergará una reunión preparatoria de la Conferencia Sectorial de Menores, y el 29 de mayo, cuando el Tribunal Supremo escuchará al Estado sobre las acciones tomadas en relación con los 1.200 jóvenes migrantes que han solicitado asilo.

En la reunión del 28 de mayo, se discutirá la cantidad de menores migrantes que corresponde a cada comunidad autónoma, establecido según los criterios de la Ley de Extranjería, lo que debería facilitar una distribución más equitativa.

Además, Cabello anunció la presencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en las Islas, en momentos en que Canarias asume la tutela de 5.600 menores migrantes en 86 centros de acogida habilitados por el Gobierno regional.

Sobre la vista del 29 de mayo, Cabello enfatizó que el Gobierno de España ha sido convocado a explicar por qué no ha cumplido con las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo respecto a los menores que podrían beneficiarse del asilo. Se trata de un llamado urgente a rendir cuentas ante una situación crítica que afecta a estos jóvenes.

El portavoz del Ejecutivo canario hizo hincapié en la necesidad de un progreso claro en los próximos días, destacando que, dada la emergencia que se vive desde hace más de 21 meses, la redistribución de estos menores debe materializarse urgente antes del inicio del verano.

Cabello lamentó que el debate político en torno a esta situación ha desdibujado los derechos de los menores, comparándolo con una "caricatura" que utiliza a estos jóvenes como herramientas en disputas partidistas. Insistió en que las leyes existentes no deben ser objeto de demora, y que se requiere un compromiso real de todas las partes involucradas.

Recordó que las comunidades autónomas tienen también un papel crucial que desempeñar en esta situación, señalando que han fallado en demostrar la necesaria solidaridad territorial. "Ambos lados podrían estar actuando con mayor diligencia. La realidad es que tanto el Estado como las comunidades autónomas han fallado en su apoyo a estos menores y a Canarias", concluyó.