La situación de la atención a personas mayores dependientes en Canarias se encuentra en un estado crítico, con un déficit alarmante de 10.607 plazas residenciales para aquellos mayores de 65 años, de acuerdo con un informe reciente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Actualmente, las islas cuentan solo con 9.935 plazas, lo que representa una ratio de 2,42 por cada 100 personas mayores, muy por debajo de las necesidades reales.

El documento también revela que la ocupación de las residencias, tanto públicas como privadas, es casi total, alcanzando un 99,9%, 17 puntos por encima de la media nacional. Con un promedio de 51,4 plazas por cada 100 mayores, Canarias dista mucho de la media española de 73,5, lo que pone de manifiesto la grave insuficiencia de recursos en el archipiélago.

A nivel nacional, se estima que hacen falta más de 50.000 plazas para atender adecuadamente a las personas con dependencia severa y gran dependencia, y cerca de 100.000 para llegar a una ratio de cinco plazas por cada 100 mayores de 65 años, lo que subraya la magnitud del problema que enfrenta el sistema de atención a la dependencia.

En total, hay 339.655 personas viviendo en residencias a lo largo del país, lo que representa un incremento de 62.634 personas (+15,9%) en comparación con el año anterior. Este crecimiento en el número de residentes contrasta con el aumento de la población mayor de 65 años, que ha crecido más de 800.000 individuos en los últimos cuatro años tras la pandemia.

Aproximadamente 32.842 personas con Grado II y 15.686 con Grado III de dependencia están actualmente en lista de espera para acceder a una plaza en residencias, sin contar a las 57.091 personas que aún están esperando una valoración. Si se aplica la proporción de personas actualmente atendidas, la necesidad de plazas en residencias concertadas o prestaciones vinculadas se eleva a 32.241 para aquellos en situación de dependencia severa o gran dependencia.

Además de estos datos inquietantes, se registran 6.652 Programas Individuales de Atención (PIAS) que no se están utilizando en residencias, junto con 12.070 PIAS que no son efectivos para prestaciones vinculadas. La situación es más alarmante si se consideran las revisiones de grado solicitadas debido a un empeoramiento en la salud de los solicitantes.

Frente a esta realidad, la Asociación de Directores y Gerentes argumenta que se requieren como mínimo 50.000 plazas adicionales solo para atender a quienes se encuentran en lista de espera por dependencia. Los mayores déficits se observan en comunidades como Andalucía y Valencia, que juntas concentran un 65,3% del total del déficit, mientras que otras regiones, a pesar de la alta demanda, aún enfrentan problemas de acceso debido a costos elevados o una distribución inadecuada de los recursos.

En cuanto a la financiación de las plazas, el 71,1% de las residencias para mayores son de carácter público, sumando 292.986 plazas, frente a las 119.123 de gestión privada. Cabe destacar que el aumento en el porcentaje de plazas públicas desde 2015 es significativo, aunque sigue siendo insuficiente, ya que solo se alcanza una ratio de 2,88 por cada 100 mayores de 65 años, lejos del objetivo de cinco plazas.

Las regiones con mejor cobertura de plazas financiadas por el público son Castilla y León y Castilla-La Mancha, mientras que Canarias, Murcia y Valencia tienen una cobertura muy por debajo de la media. Ante la estrategia del Ministerio de Derechos Sociales para promover el cuidado en el hogar, los directores y gerentes han expresado su descontento al considerar que no se han realizado avances sustanciales, con una media de atención domiciliaria de apenas 23,8 horas al mes, una cifra que apenas supera la de hace una década.