En un importante paso hacia la regulación del uso turístico de los inmuebles, el Consejo de Gobierno de Canarias ha dado luz verde este lunes a un Decreto-ley propuesto por la Consejería de Turismo y Empleo. Esta iniciativa surge en respuesta a la creciente problemática relacionada con los usos residenciales en zonas turísticas, tal como se establece en la legislación vigente sobre renovación y modernización turística en el archipiélago.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, detalló que con la nueva normativa se suspenderán durante un periodo máximo de tres años los procedimientos sancionadores que aún no haya resuelto de manera firme la administración. Esto significa que aquellos que hayan incurrido en irregularidades podrán tener un respiro mientras se tramita el cambio de uso de su propiedad, siempre que soliciten dicho cambio al ayuntamiento correspondiente.

El propósito de este plazo es claro: permitir que las administraciones locales lleven a cabo la necesaria especialización de usos en las áreas turísticas. "Este es un principio fundamental establecido en nuestras leyes desde hace más de dos décadas y cobra especial relevancia en el marco de la Ley de Suelo y Espacios Naturales de Canarias de 2017", subrayó de León. Esta especialización, que se debería haber implementado hace años, tiene el objetivo de organizar y regular adecuadamente el uso del suelo en el sector turístico.

La consejera también destacó que el incumplimiento de esta normativa ha dado lugar a numerosos expedientes sancionadores, lo que ha añadido más confusión a la situación actual. Ahora, con el nuevo Decreto-ley, se espera que los ayuntamientos tengan la oportunidad de ajustar los usos de manera que las familias afectadas puedan contar con una mayor seguridad jurídica, permitiendo que dirijan sus inquietudes a la administración local.

Además, el Decreto-ley busca derogar la figura de sustitución del propietario en casos de incumplimiento del uso turístico, considerando que dicho mecanismo resultaba demasiado complejo y desproporcionado, y planteaba más problemas que soluciones. Con estas medidas, la administración busca cumplir con la ley y ofrecer mayor protección a los ciudadanos.

De León enfatizó la importancia de esta iniciativa en el marco de un esfuerzo continuo por resolver el "caos" normativo que ha afectado al sector turístico. Asimismo, mencionó que muchas familias han padecido situaciones "injustas" y que es crucial buscar un "consenso" que abarque toda la complejidad del tema.

Finalmente, la consejera recordó que la ley de alquiler vacacional ya se encuentra en trámite parlamentario, a la vez que se trabaja en la futura Ley de Turismo de Canarias. También se están actualizando normas relacionadas con el turismo activo y por primera vez se regularán aspectos como campings y acampadas, lo que representará un avance significativo en la legislación turística de las islas.