El Gobierno de Canarias ha presentado un nuevo proyecto de ley de presupuestos que plantea un crecimiento de un 7% para 2026, proyectando un gasto total de 12.491,4 millones de euros. Esta iniciativa busca enfrentar un panorama económico descrito como un posible "estancamiento", con una atención especial a los sectores sociales y medioambientales.

En una rueda de prensa, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, expuso que, a pesar de la incertidumbre generada por la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los compromisos de estabilidad presupuestaria, el gobierno se enfoca en el gasto social y la importancia de la vivienda como prioridad estratégica dentro de este nuevo marco presupuestario.

La consejería de Vivienda, bajo la dirección de Mariano Hernández Zapata, experimentará un notable incremento en su asignación, con un aumento del 44,8%, alcanzando un total de 453,6 millones de euros. Sin embargo, el área de Obras Públicas verá una reducción de un 14,2% debido a la adaptación del nuevo convenio de carreteras a la capacidad real de ejecución de las inversiones en la comunidad autónoma.

En términos de salud, se destinarán 4.833 millones de euros al Servicio Canario de Salud, lo que representa un incremento del 5,2% en comparación con el año anterior. La educación también se beneficia con un aumento de 159 millones, sumando un total de 2.313 millones de euros, lo que reafirma el compromiso del Gobierno con la educación pública.

El Instituto Canario de la Vivienda verá un incremento del 14,9% en su presupuesto, alcanzando 197,5 millones de euros, destacando la prioridad que se le otorga a la problemática de la vivienda. A pesar de un crecimiento previsto para la economía el próximo año, la consejera ha advertido sobre señales de estancamiento, con una reducida caída en la tasa de desempleo que apenas bajará al 12,8%.

Aparte del enfoque social, el Gobierno también introducirá mejoras en sus políticas fiscales, destacando la reestructuración de las deducciones fiscales para la compra de vivienda habitual. Esto incluye reducciones en el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) y en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, ampliando las condiciones para beneficiar a un mayor número de ciudadanos.

Entre las reformas fiscales más relevantes, se aumentará el límite de ingresos para beneficiarse de estas deducciones, resaltando el compromiso del gobierno por facilitar el acceso a la vivienda a personas jóvenes y familias en situación vulnerable. El nuevo proyecto de presupuesto establece un enfoque renovado que adapta los requisitos a las realidades económicas actuales, lo que debería permitir que un mayor número de personas se beneficie de estas políticas.

Además, el presupuesto contempla una deflactación en la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de acuerdo con la evolución del IPC, lo que significará un alivio fiscal para muchos ciudadanos. Se introducirán nuevas deducciones por inversiones en empresas emergentes, incentivando la creación y participación en nuevos negocios en las Islas.

En lo que respecta a la salud pública, se implementarán medidas impositivas más estrictas sobre ciertos productos nocivos para la salud, aumentando los impuestos sobre las bebidas energéticas y graduando las tasas para bebidas azucaradas, mientras que los servicios hospitalarios permanecerán exentos de impuestos. Además, se eliminará el AIEM sobre combustibles, estableciendo un nuevo tipo impositivo del 1% en el IGIC para gravar su entrega.

La presentación del proyecto de ley está programada para el 30 de octubre, y se espera que la nueva estructura presupuestaria entre en vigor el 1 de enero de 2026, marcando un paso importante en las políticas públicas de la comunidad autónoma y enfocándose en el bienestar social y la sostenibilidad ambiental.