En un acto que no pasó desapercibido, Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, denunció la falta de respeto mostrada por las comunidades autónomas gobernadas por el PP al ausentarse de la Conferencia Sectorial de Infancia que tuvo lugar el pasado jueves en Madrid.

La consejera hizo hincapié en que se enteró de la ausencia de estas comunidades a su llegada a la capital española el miércoles, lo que considera un desdén hacia regiones que están lidiando directamente con la crisis migratoria, como Ceuta y Canarias. Delgado manifestó que, al menos, deberían haber expresado su oposición a los temas que se discutirían en el encuentro.

A pesar de ser consciente de que la reunión no generaría decisiones concretas, Delgado reveló su intención de que la ministra de Infancia, Sira Rego, continúe aplicando lo dispuesto en el Real Decreto-Ley de Modificación de la Ley de Extranjería, que se presentará para su aprobación en el Consejo de Ministros el próximo 22 de julio.

Para el 26 de agosto se espera otro Consejo de Ministros que abordará un decreto vital para regular la capacidad de acogida en sistemas de protección y tutela para menores migrantes no acompañados. Delgado subrayó que Canarias exigirá el compromiso de que a partir de esa fecha, los niños puedan ser reubicados.

Sin embargo, la consejera también criticó la insuficiencia de la financiación prevista por el Gobierno español, que destina solo 100 millones de euros para casi 4,000 menores, una cantidad que, según ella, no es suficiente, ya que solo alcanzaría para cubrir tres meses de necesidades.

Delgado considera que el tema de la financiación es crucial y que se trata de una preocupación común de todas las comunidades autónomas, no solo de las gobernadas por el PP. Señala que lo requerido debería extenderse hasta que los menores alcanzaran la mayoría de edad, y no limitarse a un corto periodo de tiempo.

Además, la consejera hizo un llamado a la creación de una red de apoyo que permita a las comunidades autónomas gestionar adecuadamente la situación, ya que muchas de ellas están sobrecargadas y no podrían manejar un flujo adicional de menores, como ocurre con Canarias, que tiene una cifra estimada de 785 menores que deberían estar en el sistema.

Delgado destacó que si las comunidades autónomas acogen a un número superior de menores del que se les asigna, es justo que el Estado asuma la responsabilidad financiera correspondiente.

También argumentó que no es posible exigir responsabilidades a las comunidades autónomas por la situación, si el propio Estado no cumple con los mandatos del Tribunal Supremo sobre la atención a más de 1,000 menores extranjeros no acompañados que han solicitado asilo.

“El Estado no puede demandar responsabilidades a las comunidades, a todas sin excepción, si no está cumpliendo con los dictámenes del Supremo”, indicó Delgado, quien apuntó que, hasta la fecha, no se ha reubicado a ningún menor en situación de protección internacional desde los centros canarios.

En este contexto, la consejera pidió a la Secretaría de Estado de Infancia que inste a sus aliados gubernamentales, especialmente al Ministerio de Inclusión, para que se cumplan los requerimientos del Tribunal Supremo y faciliten la salida de esos menores de Canarias, permitiéndoles así forjar un proyecto de vida como refugiados.

Delgado también mencionó que ha habido demoras en los trámites administrativos y en la entrega de documentación necesaria que han impedido que los niños logren salir de las islas hasta el momento.

Finalmente, al ser preguntada si ha discutido estos temas con sus socios del PP en Canarias, Delgado manifestó que no ha tenido oportunidad de hacerlo, aunque confía en que el partido siempre se haya mostrado dispuesto a cumplir con las necesidades de la isla y a facilitar que esos menores puedan tener un futuro, algo que actualmente no es viable debido a las limitaciones del sistema local.