"Canarias denuncia crisis económica al atender a menores migrantes"

En Las Palmas de Gran Canaria, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha alertado sobre la situación "extremadamente crítica" en la que se encuentra el archipiélago para hacer frente a los costes relacionados con los menores migrantes que llegan a sus costas.

Delgado ha explicado en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias se encuentra en una situación de extrema gravedad debido al gasto necesario para atender a los menores extranjeros, lo que supone un déficit de financiación de 84 millones de euros.

Actualmente, se prevé un gasto de 156 millones de euros para atender a los 5.524 menores tutelados por la comunidad en 2023, de los cuales el Gobierno central aún no ha aportado los 72 millones de euros prometidos.

No obstante, Delgado señaló que estas previsiones de gasto no incluyen las contribuciones de otras áreas como sanidad, educación o justicia.

Además, la previsión de llegada de más embarcaciones en los próximos meses aumentará la necesidad de protección de menores y adolescentes en Canarias.

Ante este escenario, Delgado denunció que las entidades con las que colabora el Gobierno canario están teniendo dificultades para contratar personal cualificado y encontrar recursos de alojamiento adecuados.

La consejera subrayó que Canarias no puede hacer frente solo a la atención de estos menores y que es necesario un compromiso real del Estado para garantizar su protección e integración.

En cuanto al presupuesto de la Dirección General de Infancia para 2024, se prevé un gasto de 156 millones de euros, lo que refleja la magnitud de la situación actual.

Delgado instó a llegar a un acuerdo con el Estado para el reparto de los menores extranjeros no acompañados y a materializar el reparto acordado en la conferencia sectorial de octubre del año pasado.

La consejera también destacó la necesidad de evitar que ningún menor quede en situación de calle y de buscar alternativas para garantizar su protección.

En este sentido, se ha solicitado apoyo al Estado y se ha expuesto la saturación de los centros en Canarias, que incluye la petición de centros militares que han sido denegados por el Ministerio de Defensa.

Finalmente, se mencionó que el Gobierno de Canarias tiene 1.800 menores nacionales tutelados y se está trabajando para garantizar su atención adecuada.

En resumen, la situación económica crítica y el déficit de financiación para atender a los menores migrantes en Canarias requiere un compromiso real y urgente por parte del Estado para evitar que la crisis se agrave.