El Gobierno de Canarias ha tomado la decisión de enviar un requerimiento al Gobierno central alertando sobre una acumulación de incumplimientos en la gestión y atención de los menores migrantes no acompañados que llegan al archipiélago. Esta medida se ha tomado después de que el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, señalara que el Estado no está cumpliendo con todas las obligaciones legales que le corresponden en este tema.
La comunidad autónoma ha dado un plazo de 30 días al Gobierno central para que presente sus argumentos y, en caso de no hacerlo, se tomarán acciones legales y judiciales. El objetivo es que el Estado asuma sus competencias en relación con los menores extranjeros no acompañados, ya que es su responsabilidad primaria.
El requerimiento está respaldado por un informe jurídico elaborado en 2022 por el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el que se señalaba la necesidad de abordar la cuestión de las competencias autonómicas sobre los menores migrantes. El Gobierno canario insiste en que, hasta que los menores sean documentados, deben ser responsabilidad del Estado.
Además, se ha informado que la Consejería de Bienestar Social presentará recursos contra resoluciones de la Fiscalía que ordenan acoger a menores en centros con capacidades sobrepasadas. A pesar de esta situación, se asegura que todos los menores que llegan a las islas están siendo atendidos adecuadamente.
El Gobierno canario ha destacado la importancia de garantizar los derechos y la protección de los menores migrantes, señalando que el protocolo de acogida de menores en Canarias busca establecer pautas claras para su atención. Se han realizado críticas a la actuación del Estado en esta crisis migratoria, recordando que Canarias ha estado enfrentando la situación de manera solitaria durante meses.
Por otro lado, se ha criticado al Gobierno central por no destinar recursos económicos para la atención de los menores, a pesar de que la Unión Europea ha anunciado una línea especial de financiamiento. Se ha pedido que se deje de lado la crispación política y se enfoquen en buscar soluciones concretas para abordar el problema de la migración en las islas.
Ante la polémica sobre el papel de la Policía Canaria en los traslados de menores, se ha aclarado que todos los requerimientos de la Fiscalía están siendo atendidos de manera oportuna. Lo fundamental, según el portavoz del Gobierno canario, es asegurar que los menores sean llevados a centros que tengan la capacidad de atenderlos adecuadamente, más allá de quién realice los traslados.
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