LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 de enero. En una reciente comparecencia ante los medios, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, expresó su preocupación por las críticas del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha cuestionado la velocidad del traslado de menores migrantes no acompañados a la comunidad autónoma.

Cabello hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno presidido por el vicepresidente Manuel Domínguez, donde subrayó que el Ejecutivo regional considera que estos señalamientos constituyen una violación del principio de lealtad institucional que debería regir las relaciones entre las distintas administraciones.

“A lo largo de los últimos tres años, queda patente que el Gobierno de Canarias ha estado realizando esfuerzos significativos para aliviar la crisis de hacinamiento”, señaló Cabello, enfatizando el compromiso de la región en este asunto.

El portavoz también destacó que es el Gobierno del Estado el que enfrenta "varios autos" del Tribunal Supremo que le exigen corregir la situación de los menores migrantes, poniendo en evidencia los fallos de la administración central en este contexto.

En relación a las declaraciones recientes de Torres, Cabello consideró que el ministro ha presentado cifras que confunden diferentes conceptos y tipos de expedientes, lo que complicaría la comprensión de la situación actual.

Cabello aseguró que la Comunidad Autónoma ha enviado ya 755 expedientes completos de menores a la Delegación del Gobierno, en cumplimiento de la declaración de emergencia migratoria, buscando, de esta manera, facilitar su traslado a la Península.

Desde que se implementó esta medida, la región ha recibido a 572 menores migrantes no acompañados, de los cuales han gestionado 228 solicitudes de traslado, aunque solo 173 han abandonado las islas hasta la fecha.

A pesar de estos esfuerzos, el portavoz reiteró que Canarias sigue siendo responsable de atender a 4,147 menores migrantes que han llegado irregularmente, un número que supera ampliamente lo que el Estado asignó a la comunidad autónoma conforme al plan de distribución establecido.

Finalmente, Cabello hizo un llamado al Gobierno central para que convoque a las comunidades autónomas y les proporcione claridad sobre las resoluciones y el número de menores que deben atender, argumentando que es complicado cumplir con estas resoluciones cuando no son de su competencia y no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo.