24h Canarias.

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Canarias, CGPJ y Fecam extienden por 4 años el protocolo de prevención de desahucios a todas las familias en riesgo.

Canarias, CGPJ y Fecam extienden por 4 años el protocolo de prevención de desahucios a todas las familias en riesgo.

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, encabezada por el consejero en funciones Sebastián Franquis, firmó un nuevo convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), con el objetivo de establecer un protocolo de actuación conjunta y coordinada ante situaciones de desahucio de familias vulnerables en Canarias y evitar, siempre que sea posible, los lanzamientos. Franquis aseguró que se han evitado más de 1.300 lanzamientos en los últimos tres años en la isla.

El convenio contempla la paralización inmediata en los casos de desahucio por impago de las familias socialmente vulnerables, situaciones de dependencia o discapacidad, víctimas de violencia de género y familias numerosas donde se determine la necesidad de intervención de los servicios sociales municipales o del Gobierno de Canarias para lograr una solución al lanzamiento.

El convenio, que cuenta con una vigencia de cuatro años prorrogables, permitirá mejorar la gestión pública ante un desahucio mediante la intervención del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y los servicios sociales de los ayuntamientos canarios. También se informará a las personas afectadas de los recursos a su alcance con el objetivo de que puedan hacer frente a la deuda y no lleguen al lanzamiento.

En el caso de desalojo de inquilinos por impago de la renta, los juzgados informarán sobre los distintos programas que ofrecen tanto el Gobierno de Canarias como los ayuntamientos para asistencia social. Si después de este intervención se detecta que la persona se encuentra en situación vulnerable, se le incluirá en Canarias Pro Hogar, donde se les facilitará una ayuda para pagar el alquiler y evitar el lanzamiento, o se les derivará a los recursos municipales que se encuentren disponibles y que ofrezcan los ayuntamientos, como una vivienda provisional.

Además, se establece otra vía para evitar el desahucio, que es negociar directamente con los fondos de inversión o entidades bancarias propietarias del inmueble, como ya hace en la actualidad el ICAVI a través del Canarias Pro Hogar. A diferencia del Real Decreto-ley 11/2020, que actualmente mantiene paralizados los casos de desahucios en situaciones de vulnerabilidad, el convenio permitirá que se aplique la paralización de los desahucios a todos los casos de vulnerabilidad en Canarias, evitando así el riesgo de que las personas afectadas caigan en exclusión social.

El convenio establece que no se centrará en los grandes tenedores, sino que abarcará cualquier procedimiento judicial de desalojo en las islas. Franquis agradeció a los ayuntamientos y también al Consejo del Poder Judicial, que firmen este convenio y este protocolo para que en los próximos cuatro años "las familias canarias con dificultades estén mucho más protegidas de lo que estaban hasta el día de hoy".

Este convenio permitirá impulsar este tipo de instrumentos de forma conjunta y coordinada entre administraciones, señaló el consejero en funciones.