En un reciente acto legislativo, el Parlamento de Canarias dio luz verde a la ley que regula el alquiler vacacional, aunque no sin controversias. La votación se llevó a cabo en medio de la oposición de varios grupos, incluidos el PSOE, Nueva Canarias-Bloque Canario y Vox, quienes impidieron el debate de 24 enmiendas presentadas por los partidos que conforman el cuatripartito.

La consejera de Turismo, Jessica de León, reconoció la complejidad de este proceso, etiquetando la nueva norma como “difícil de entender, comunicar y gestionar”. A pesar de las críticas, destacó la colaboración de Coalición Canaria, PP, ASG y AHI, a los que agradeció por estar atentos a las necesidades de la ciudadanía y no dejarse llevar por las estrategias políticas de la oposición.

Por su parte, la diputada Esther González de Nueva Canarias-Bloque Canario hizo un llamado a la consideración de su grupo, ya que sus 34 enmiendas, las cuales buscan salvaguardar el derecho de muchas familias canarias a mantener sus viviendas, fueron desestimadas sin debate. Esto plantea, según ella, un potencial perjuicio para los residentes en áreas turísticas.

González aseveró que la ley propuesta resulta ser inconsistente y no responde a las demandas del pueblo, planteando que la falta de consenso en su elaboración solo beneficia a los sectores turísticos más poderosos. “Es lamentable que se enfoque en la expulsión de familias”, añadió, señalando que esto agrava aún más la precariedad en la vivienda en las islas.

El diputado socialista Gustavo Santana también expresó sus inquietudes sobre la legislación, argumentando que favorece a grandes propietarios en detrimento de quienes necesitan una vivienda digna. Denunció que la ley podría generar un “efecto llamada”, incrementando la presencia de viviendas vacacionales sin cuidar el bienestar de los residentes.

Santana propuso una alternativa que limitara la explotación de cada propietario a tres viviendas, sugiriendo que esta medida facilitaría una mayor equidad en el mercado del alquiler vacacional. Predijo que esta ley será efímera mientras el actual gobierno continúe en el poder.

El portavoz de AHI, Raúl Acosta, reconoció que la ley no era perfecta, pero defendió que resulta superior a su versión inicial, ya que permite cierta flexibilidad en la planificación local. Criticó a la oposición por no aceptar enmiendas, lo que, según él, marca un precedente negativo en el ámbito parlamentario.

La diputada Jesús Ramos de ASG también dejó claro su descontento ante el rechazo de las enmiendas, instando a una implementación rápida de los ajustes necesarios por decreto para proteger a las pequeñas voces que operan en el sector.

La crítica no se hizo esperar desde Vox, donde Paula Jover calificó la ley de “camaleónica”, argumentando que sus constantes cambios no resuelven problemas existentes y trasladan cargas desmedidas a propietarios y autoridades locales.

Desde el Partido Popular, David Morales defendió que la legislación ofrece una “salvaguarda jurídica” a propietarios menores y pone un freno a la proliferación de grandes negocios turísticos, sugiriendo que corresponde a los ayuntamientos regular de acuerdo a sus realidades locales.

Finalmente, Socorro Beato de CC enfatizó la necesidad de esta ley argumentando que busca equilibrar los intereses de los pequeños propietarios y el desarrollo turístico. Reiteró que la regulación actual es un paso necesario para establecer un marco legal adecuado sin comprometer el derecho a la vivienda en las islas.

En conclusión, el debate suscitado en torno a la ley del alquiler vacacional refleja las complejidades del manejo turístico y residencial en Canarias, y promete seguir siendo un tema candente en la agenda política a medida que surjan nuevas tensiones entre los intereses económicos y los derechos de los ciudadanos.