El pasado martes, en una sesión crucial, el Consejo de Gobierno de Canarias tomó una significativa decisión para el futuro económico del archipiélago. A propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, se acordó hacer los trámites necesarios para renovar a partir del 1 de enero de 2028 el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), un impuesto vital que afecta directamente a la dinámica comercial de las islas.

Esta decisión no solo marca un paso importante para la economía canaria, sino que también implica una acción coordinada con el Gobierno de España. El Ejecutivo canario ha decidido solicitar formalmente que se notifique a la Dirección General de Fiscalidad y Aduanas de la Comisión Europea sobre su intención de renovar este impuesto, asegurando que las autoridades europeas estén al tanto de este plan estratégico.

Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, enfatizó la importancia de que el Gobierno español lleve a cabo esta comunicación. Según comentó, los vínculos y negociaciones con la comunidad europea son competencia de los Estados miembros, por lo que es esencial que sea el Gobierno central quien transmita esta decisión a las instancias pertinentes.

Así, el Gobierno de Canarias ha instruido a la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea a comenzar los trámites necesarios con la Secretaría de Estado de Hacienda, consolidando así la colaboración intergubernamental en cuestiones que afectan a la economía local.

El AIEM, un impuesto de naturaleza indirecta que grava la producción de bienes en las islas y la importación de productos similares, se presenta como un pilar de apoyo para fomentar la producción local. Este impuesto no solo ofrece una ventaja competitiva a los productos canarios frente a las mercancías externas, sino que también considera los altos costos asociados a la producción en un archipiélago aislado.

Los tipos impositivos del AIEM son del 5%, 10% y 15%, y se revisan de manera periódica para asegurar que reflejen las realidades económicas y comerciales del territorio. Con esta renovación, el Gobierno busca no solo proteger la industria local, sino también contribuir a un desarrollo sostenible y a largo plazo de la economía canaria.