El Consejo de Gobierno de Canarias ha dado un paso significativo hacia la regularización de la ganadería en la región al autorizar la legalización de cinco explotaciones ubicadas en los municipios de San Sebastián de La Gomera, Garafía en La Palma, Moya en Gran Canaria, Candelaria y El Rosario en Tenerife.

Estas explotaciones albergan un total de 1.039 animales, incluyendo 957 cabras, 38 ovejas, 29 vacas, 13 caballos y dos cerdos. Esta acción forma parte de un ambicioso plan del Ejecutivo canario para regularizar actividades agrícolas y ganaderas, contribuyendo así al desarrollo sostenible del sector primario en el archipiélago.

El Gobierno ha dado luz verde a la operación de 23 instalaciones ganaderas para el año 2025, conforme a la Ley 6/2009, que busca dinamizar la ordenación territorial y mejorar la gestión del turismo en Canarias. Esta medida refleja el compromiso del gobierno con el impulso de la economía local, especialmente en áreas vitales como la producción láctea y la elaboración de quesos, así como en la producción de huevos y carne.

Las cinco explotaciones en cuestión están registradas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) y han sido detalladamente evaluadas a través de un informe que incluye un estudio comparativo de imágenes aéreas aportado por GMR Canarias. Este análisis garantiza que las instalaciones cumplen con los requisitos básicos para su legalización.

Es importante señalar que estas edificaciones fueron construidas después de la implantación de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio en Canarias, lo cual permite que se aplique la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de las Islas.

Dicha normativa permite al Gobierno, tras coordinarse con los respectivos departamentos de medio ambiente y ordenación del territorio, formalizar la legalización de edificaciones ganaderas que han estado operando sin la debida autorización, siempre que estas existan desde antes de la entrada en vigor de la ley mencionada.

Por último, el Consejo de Gobierno estipula que, para llevar a cabo esta legalización, se deben implementar acciones relacionadas con la sanidad, el bienestar animal y el respeto al medio ambiente. Estas acciones deberán completarse en un plazo de 18 meses tras la notificación del acuerdo, aunque se contempla la posibilidad de una prórroga de hasta 9 meses adicionales si es necesario.