La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, enfatizó este martes que el nuevo decreto que establece la capacidad de acogida de menores migrantes es una herramienta positiva para todas las comunidades autónomas, y subrayó la importancia de su cumplimiento como una cuestión prioritaria.

En una rueda de prensa posterior a la aprobación del decreto por el Consejo de Ministros, Delgado advirtió que el aumento de la presión migratoria, como está ocurriendo en Baleares, podría replicarse en otras regiones peninsulares que también enfrentan desafíos similares.

La consejera destacó que la atención a los menores migrantes no es solo un desafío local, sino una responsabilidad colectiva que debe ser abordada de manera conjunta por todas las comunidades y el Gobierno central. Esto se produce además en un contexto en el que se espera una resolución de los recursos presentados ante el Tribunal Supremo.

A pesar de los retos, Delgado expresó optimismo respecto a la implementación del decreto, señalando que no debería haber inconvenientes en su ejecución, aunque reconoció que varias comunidades sostienen que la financiación actual es insuficiente para cubrir las necesidades a largo plazo de los menores.

Delgado también valoró la disposición de comunidades como el País Vasco y Cataluña para colaborar al ofrecer plazas, a pesar de que no estaban incluidas en el reparto inicial. Esto demuestra un compromiso compartido hacia la atención de los menores en situación de migración.

El decreto, según la consejera, clarifica de manera enfática el número de menores migrantes y las plazas necesarias en cada comunidad autónoma, incluyendo las que podrían llegar en el futuro. Si una comunidad sobrepasa su capacidad ordinaria, se llevará a cabo una distribución de los menores entre las distintas comunidades, un plan que podría verse activado en el caso de que se declare una contingencia migratoria.

Delgado indicó que para garantizar esta distribución es fundamental contar con la financiación adecuada. Si las comunidades encuentran que los recursos son insuficientes, es esencial que se continúen las discusiones con el Gobierno central, particularmente porque el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, afirmó en el Congreso que la financiación sería suficiente.

La consejera subrayó que la normativa debe ser implementada lo antes posible para asegurar la atención continua a los menores, añadiendo que las comunidades ya han expresado en el ámbito sectorial la necesidad de cubrir sus necesidades hasta que cumplan la mayoría de edad.

Además, Delgado recordó que el Gobierno canario ha presentado sus demandas ante el Tribunal Supremo, enfatizando que no se puede permitir que la norma quede en suspenso debido a la falta de recursos inmediatos.

Finalmente, como un llamado a la acción, destacó el ejemplo de cómo Canarias pudo abrir centros de acogida rápidamente ante la llegada masiva de menores, sugiriendo que otras comunidades pueden hacer lo mismo y seguir medidas de emergencia como las que han implementado Canarias, Ceuta y Baleares.