Las Palmas de Gran Canaria, 18 de septiembre. En un contexto de creciente preocupación por la migración en el archipiélago, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha planteado que se espera que unas 20,000 personas migrantes lleguen a las islas para finales de este año. Clavijo ha instado al Gobierno de España a asumir su responsabilidad en relación con los menores extranjeros no acompañados que solicitan asilo, para garantizar una atención digna a quienes están a punto de desembarcar en las costas canarias.

Durante su intervención en un foro organizado por El Mundo, Clavijo reconoció la dificultad de prever la cantidad exacta de migrantes que podrían arribar en los próximos meses. Según comentó, las organizaciones no gubernamentales suelen proporcionar estimaciones, pero enfatizó que hay muchos que no logran llegar, lo que complica aún más la situación.

Mientras el Gobierno español subraya una disminución en la llegada de migrantes, el presidente canario destacó la realidad de que el año pasado se registraron cifras récord, con 47,000 llegadas. En la actualidad, se ha contabilizado la llegada de aproximadamente 13,000 migrantes, y se estima que en los próximos dos o tres meses puedan llegar otros 7,000, lo que desborda la capacidad de respuesta de los servicios públicos en la región.

Clavijo subrayó la presión que esta situación ejerce sobre las fuerzas de seguridad, los servicios sociales, y los sistemas de salud y educación. Por ello, enfatizó la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad en el cuidado de los solicitantes de asilo, especialmente los menores, para asegurar que se les brinde la atención necesaria en condiciones adecuadas.

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, también se hizo eco de esta preocupación, insistiendo en la necesidad de contar con el despliegue de Frontex en la zona, tal como se realiza en otras costas europeas, para garantizar un control efectivo de las fronteras y la seguridad de Canarias, España y la Unión Europea.

En cuanto a la situación de los menores que aún se encuentran en Canarias, Clavijo expresó su decepción con el Gobierno de España, señalando que no ha mostrado voluntad de facilitar la salida de estos niños. Se refirió a commentarios recientes del ministro Ángel Víctor Torres, quien sugirió que el Tribunal Supremo no está obligando al Gobierno a retirar a los menores de las islas, lo que Clavijo consideró "revelador".

El presidente regional advirtió sobre la utilización del fenómeno migratorio por parte del Gobierno central para crear divisiones políticas. En este contexto, hizo referencia a un auto del Tribunal Supremo que subraya la obligación del Estado de garantizar una red de protección internacional adecuada y advirtió sobre el daño irreparable que el hacinamiento provoca en los menores.

En relación a la acogida de estos menores, Domínguez abordó la reciente modificación de la Ley de Extranjería, que requiere que las comunidades autónomas se hagan cargo de los menores no acompañados. Si bien algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular han declarado que cumplirán la ley, también han manifestado su descontento, lo que resalta la presión política que agrega un matiz más al asunto.

Domínguez concluyó señalando que la falta de financiación adecuada para la atención y derivación de menores no acompañados constituye un obstáculo significativo para las comunidades autónomas. Canarias, con un gasto de 192 millones de euros en 2024 y tan solo 50 millones de euros en financiación recibida, enfrenta un desafío mayor para demostrar al resto del país que el Gobierno cumplirá con su parte del acuerdo en términos de financiación.