Las Palmas de Gran Canaria, 3 de diciembre. En un contexto de creciente inquietud sobre la competitividad económica del archipiélago canario, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha mantenido un encuentro significativo con Beatriz Yordi, directora de Mercados de Carbono y Movilidad Limpia de la Dirección General de Movilidad de la Comisión Europea (DG CLIMA). Durante esta reunión, Rodríguez presentó una serie de propuestas estratégicas para abordar y mitigar los efectos adversos que podría acarrear el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (EU ETS) en el desarrollo económico de las islas.

Junto a Rodríguez, el encuentro contó con la participación de personalidades clave como María Fernández, directora general de Transportes y Movilidad; Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas; Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; y Cristina Domínguez, delegada del Gobierno de Canarias en Bruselas. La Consejería de Movilidad difundió un comunicado de prensa que detalla los aspectos tratados en esta importante reunión.

La preocupación del consejero es palpable, expresando que la implementación de estas políticas podría perjudicar gravemente la competitividad y conectividad de un territorio insular que, por su propia naturaleza, es "frágil y fragmentado". Rodríguez subrayó la necesidad de equilibrar las políticas medioambientales con la realidad económica del archipiélago. "La búsqueda de una transición ecológica no debe comprometer nuestra viabilidad económica; no podemos permitir un 'efecto huida', donde las navieras decidan abandonar nuestras rutas hacia circunstancias más favorables en otras regiones", añadió con firmeza.

El consejero advirtió que las Islas Canarias no se quedarán de brazos cruzados. Prevén colaborar estrechamente con otras regiones ultraperiféricas para abogar por una adaptación efectiva de estas normativas europeas, sin renunciar al necesario avance hacia modelos más sostenibles. Este enfoque proactivo representa un compromiso por parte del Gobierno de Canarias para encontrar un equilibrio entre sostenibilidad y competitividad.

Desde la perspectiva de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada defendió que la aplicación del régimen EU ETS debería ser un imperativo acordado por la Organización Marítima Internacional. Esto, argumentó, garantizaría un trato equitativo en el tráfico marítimo internacional, evitando así que regiones como Canarias se vean en desventaja y enfrenten pérdidas en conectividad y competitividad.

Calzada también destacó los esfuerzos implementados desde la Autoridad Portuaria para promover la descarbonización en los puertos. Sin embargo, no oculta su descontento, enfatizando que "el daño" que podría resultar de la aplicación de esta normativa podría superar a los beneficios aparentes, poniendo en riesgo el desarrollo económico de las islas.

"Nuestra misión en Bruselas es clara: comunicar que los costos asociados a la contaminación marítima impactarán directamente en nuestra economía y, en consecuencia, en nuestra supervivencia", advirtió. Señaló que la conectividad de las islas podría verse comprometida, afectando no solo el acceso a mercados, sino también el suministro de bienes vitales.

Por su parte, Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, corroboró la inquietud expresada por sus colegas, revelando que ya ha tenido diálogos con diversas navieras respecto a la posibilidad de cesar sus escalas en los puertos canarios si la normativa EU ETS se implementa tal como está planteada. Esta realidad pone en alerta a las autoridades, pues podría traducirse en una notable reducción de la conectividad marítima del archipiélago.

A pesar de los desafíos, Suárez subrayó la importancia de seguir defendiendo las particularidades del archipiélago y resaltó la urgencia de asegurar un tráfico marítimo internacional que garantice la conectividad esencial de las islas, además de un equilibrio en los costos de mercancías que, de no lograrse, podrían volverse insostenibles para la economía local.