El Gobierno de Canarias ha dado un paso importante hacia la protección de los derechos de la infancia migrante, presentando este viernes una "Guía de Buenas Prácticas" para la atención y acogida de menores no acompañados. Este documento, que recoge la riqueza de experiencias vividas en el archipiélago, tiene como objetivo implementar un sistema uniforme que garantice el bienestar de todos los niños en territorio español.

La guía fue elaborada tras la jornada "Niñas y niños que migran solos. Una responsabilidad compartida", llevada a cabo en Madrid el 5 de junio, donde 50 organizaciones participaron activamente, aportando sus perspectivas y conocimientos. Con esta herramienta se busca establecer un sistema de acogida que sea más equitativo, coherente y que priorice los derechos de los menores.

Entre las recomendaciones clave se señala la necesidad de desarrollar una atención que sea especializada y multidisciplinaria, manteniendo siempre un enfoque en los derechos de la infancia. Es esencial contar con equipos capacitados y recursos específicos que aborden temas de salud mental, educación, mediación cultural y prevención, para atender adecuadamente a esta población vulnerable.

Los especialistas enfatizan que la situación de la infancia migrante no acompañada debe considerarse como un problema colectivo, donde el interés superior del menor sea el eje de todas las decisiones. Se concluye que es urgente reformar los procedimientos actuales, especialmente aquellos relacionados con la determinación de edad, y crear un sistema de protección centrado en la infancia, despojado de tensiones políticas o debates ideológicos que puedan comprometer sus derechos.

Durante la rueda de prensa, Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR en Canarias, hizo un llamado a trabajar de forma conjunta, señalando que es crucial abordar esta situación desde la corresponsabilidad y la coordinación entre todos los actores implicados: "No podemos limitarnos a ver esto como una responsabilidad individual; debemos preguntarnos qué podemos hacer dentro de nuestras competencias", apuntó, en clara referencia al desorden político actual que envuelve la cuestión migratoria.

Lorenzo también abogó por un modelo de movilidad a nivel nacional que sea vinculante, describiendo la angustia y frustración que el actual sistema de protección de la infancia genera, al que calificó de "complejo e ineficaz".

Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social, reiteró que el interés superior del menor siempre será la principal prioridad del Gobierno. Reconoció que esta labor es posible gracias a la colaboración con el tercer sector y la implicación de la sociedad canaria, quienes se han convertido en aliados fundamentales en esta batalla por la defensa de los derechos de los menores migrantes.

Además, Candil subrayó cómo la guía recoge el aprendizaje acumulado en los últimos dos años, periodo marcado por el incremento de la crisis migratoria. A pesar de las tensiones y el hacinamiento en los centros de acogida, el Gobierno ha tratado de afrontar la situación con una soledad angustiante.

La guía también destaca el cambio en los perfiles de los menores que llegan a las costas, mostrando una variedad de situaciones que requieren un enfoque especializado en la atención para salvaguardar sus derechos. Factores como la violencia estructural, solicitudes de asilo y problemas de salud mental son ahora comunes entre quienes llegan solos a las Islas.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, señaló que las recientes decisiones del Tribunal Supremo y modificaciones en la Ley de Extranjería reflejan la constante tensión en la protección de los derechos de estos niños. Lamentó la falta de respuesta del Gobierno estatal, señalando que, hasta el momento, ningún menor migrante ha sido dado de alta en el sistema de protección.

Clavijo expresó su esperanza de que esta guía se convierta en un referente para promover “buenas prácticas” que aseguren un tratamiento equitativo para todos los niños que llegan solos a las costas del país. En definitiva, se trata de compartir la experiencia canaria con otras comunidades autónomas y transformar lo que no se está haciendo correctamente, para poder hacerlo mejor.