El paisaje político canario se ha movido este martes en la Comisión General del Parlamento de Canarias, donde los cabildos han dado su apoyo, aunque con reticencias por parte de Gran Canaria, a un nuevo decreto ley impulsado por el Gobierno autonómico. Este decreto modifica la normativa sobre el suelo, con el objetivo de extender los plazos de tramitación de los planes urbanísticos y otorgar a las cooperativas un periodo de dos años para actualizar sus estatutos conforme a las regulaciones locales.

Manuel Miranda, el consejero de Política Territorial, Aguas y Emergencias, ha expresado su compromiso con la revisión de la Ley del Suelo, aunque considera que este decreto será instrumental para que múltiples ayuntamientos puedan avanzar en la aprobación de sus planes generales. Ejemplos recientes como San Bartolomé en Lanzarote y San Miguel en Tenerife ilustran la eficacia de esta medida.

El consejero también ha confirmado que se está avanzando en la planificación de otras localidades como Arrecife, La Orotava y Mazo, enfatizando la necesidad de agilizar los procesos. Para Miranda, el decreto es "necesario, excepcional y proporcionado", prometiendo que eliminará las restricciones temporales que obstaculizan el progreso en las gestiones urbanísticas.

Ana González, la vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, ha mostrado su apoyo a la idea de establecer plazos claros, aunque ha señalado que la realidad de cada territorio es distinta. En el caso de El Hierro, las estructuras administrativas limitadas presentan retos significativos, lo que a menudo resulta en demoras en la licitación de proyectos.

La vicepresidenta ha defendido la idea de que el decreto ley "ajusta desbalanceos de manera equilibrada y razonada", sugiriendo que la prolongación de ciertos informes ambientales no implica una relajación de las regulaciones, sino más bien un mantenimiento de las condiciones existentes en el ámbito territorial.

Por su parte, Nereida Calero, consejera de Presidencia del Cabildo de Fuerteventura, ha reconocido que no tiene objeciones hacia la extensión de plazos urbanísticos, aunque advierte que las leyes se elaboran con buenas intenciones pero pueden generar consecuencias adversas, algo que es esencial tener en cuenta durante el proceso legislativo.

María Miranda, desde Gran Canaria, ha criticado la falta de transformación profunda en la Ley del Suelo, señalando que el debate se repite y que las modificaciones implementadas no resuelven los problemas inicialmente identificados. Expresó su frustración por el hecho de que la normativa continúe generando conflictos y complicaciones legales, complicando aún más el desarrollo territorial.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha manifestado su apoyo al decreto, reconociendo la complejidad del planeamiento en Canarias. Curbelo considera que es vital ir ajustando las normativas poco a poco, para evitar que los procedimientos ambientales se prolonguen indefinidamente.

En Lanzarote, el consejero Jesús Machín ha aplaudido los esfuerzos del Gobierno por evitar que el planeamiento en Arrecife se detuviera. Sin embargo, también ha expresado su descontento por la falta de un plan insular tras su caída en el anterior mandato, subrayando la necesidad de contar con herramientas adecuadas para la gestión de la isla.

Sergio Rodríguez, líder del Cabildo de La Palma, ha subrayado que aunque la Ley del Suelo necesita ajustes, este decreto es crucial para mejorar la eficiencia en los procesos que, por su naturaleza, suelen ser largos y complicados, afectando la toma de decisiones ambientales.

José Miguel Ruano, consejero del Cabildo de Tenerife, ha resaltado la importancia de haber incluido un proceso de consulta con los cabildos en la elaboración del decreto. Aplaudió la Ley del Suelo de 2017 como un avance significativo y advirtió que cualquier reforma de mayor envergadura requerirá tiempo, por lo que esta medida es crítica para asegurar que no se pierdan los esfuerzos realizados en planificación ocurriendo durante años previos.