En una rueda de prensa celebrada este jueves, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, se ha enfrentado a las acusaciones de la oposición que la han tachado de ocultar o manipular datos relacionados con la atención a la dependencia. Delgado ha afirmado de manera contundente que estas afirmaciones son completamente infundadas y buscan desinformar a la ciudadanía. “No permitiremos que se cuestione la integridad de nuestros funcionarios”, subrayó la consejera en el evento, donde se ofreció un balance sobre la gestión del área.

En su discurso, Delgado intentó desmentir las críticas con cifras concretas obtenidas del Imserso y el Ministerio de Derechos Sociales. “Hasta ahora, se han registrado 18.333 solicitudes bajo este Gobierno, en comparación con las 9.307 que se procesaron en la legislatura anterior, donde había más de 8.000 solicitudes que ni siquiera se registraron”, resaltó la consejera, evidenciando el progreso de su gestión.

La consejera enfatizó el compromiso del Gobierno con la atención a la dependencia, destacando que se han mejorado los ratios y la eficiencia. “Esto ha sido posible gracias al arduo trabajo de nuestros empleados públicos y la implementación de nuevas herramientas y un decreto que aglutinó la tramitación”, indicó. Delgado se mostró optimista y segura de que estas mejoras son un paso crucial hacia un sistema más efectivo.

En cuanto a las resoluciones de grado, también se ha notado un avance significativo, con un total de 21.828 resoluciones en lo que va de legislatura, en contraste con las 13.813 del anterior pacto. “El nuevo decreto ha permitido agilidad en la resolución del grado y el Plan Individual de Atención (PIA) de los dependientes”, explicó, destacando que actualmente se logran un promedio mensual de 873,12 resoluciones, frente a las 287,77 de la legislatura pasada.

Otro dato relevante que mencionó Delgado es la reducción del tiempo promedio de tramitación, que ha pasado de 977 a 478 días, acercándose al estándar legal que establece un plazo de seis meses. Además, en algunas zonas de Gran Canaria y Fuerteventura, ya se están cumpliendo esos plazos, con un promedio de resolución de tan solo 180 días.

Delgado también tomó tiempo para abordar la situación de los expedientes que aún esperan su PIA; actualmente, hay 6.386 personas en este limbo administrativo. Su enfoque está en acelerar la resolución de estos casos y asegurar que los ciudadanos reciban la asistencia que merecen. “Nos estamos comunicando con los usuarios que ya tienen el grado y el PIA, pero aún no acceden a las prestaciones, para entender y solucionar los obstáculos”, detalló.

En el marco de estas mejoras, la consejera anunció la firma de un nuevo contrato para un servicio de teleasistencia avanzada, diseñado para monitorear a personas dependientes desde sus hogares. Esto es parte de una estrategia más amplia de desinstitucionalización, que busca brindar herramientas para que los mayores y dependientes vivan el mayor tiempo posible en su entorno familiar.

Sin embargo, Delgado también expresó su preocupación por la falta de financiación estatal para los servicios de dependencia. “Es insostenible que nuestra comunidad aporte el 78% del costo de estos servicios, mientras el Estado solo aporta el 22%”, lamentó, insistiendo en que la contribución del gobierno central está muy por debajo del mínimo estipulado por la Ley de Dependencia. La consejera enfatizó que un aumento en la inversión estatal podría mejorar significativamente la calidad y la prontitud de los servicios.

Finalmente, Candelaria Delgado reafirmó el compromiso de su equipo para finalizar la legislatura cumpliendo con los plazos establecidos por la ley. “Nuestra meta es que para el final de esta legislatura, podamos cumplir con lo que estipula la Ley de Dependencia, situándonos por debajo de los 180 días de espera”, concluyó, mostrando determinación en su labor hacia un sistema más eficiente y humano.