SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 de enero.

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en respuesta al reciente Real Decreto 1312/2024, emitido el 23 de diciembre. Esta normativa establece un procedimiento para la creación de un Registro Único de Arrendamientos y una Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, enfocándose en la recopilación y el intercambio de datos relativos a los alquileres de alojamientos de corta duración en el país.

Ascav argumenta que el registro instituido por el Gobierno español infringe el reglamento 2024/1028 de la Unión Europea. A su juicio, este reglamento prohíbe la duplicidad de registros para las viviendas turísticas, lo que convierte el nuevo sistema en una violación directa de normativas europeas existentes.

En su comunicado, la patronal reiteró que las viviendas turísticas ya están registradas de manera adecuada en los registros autonómicos correspondientes. Por lo tanto, obligar a estos alojamientos a someterse a un nuevo proceso de inscripción en el registro de la propiedad no solo es innecesario, sino que también infringe de manera contundente la legislación europea, que prevalece sobre la normativa nacional.

Ascav también ha denunciado que el Real Decreto atenta contra la Constitución Española, ya que el Gobierno parece estar reclamando competencias que son inherentes a las comunidades autónomas. Según la asociación, son estas entidades las que tienen la responsabilidad de regular y supervisar los alojamientos turísticos, por lo que la intervención del Gobierno central se considera inapropiada.

La organización ha resaltado que el sistema establecido por el Gobierno delega en los registradores de la propiedad, que operan bajo el Ministerio de Justicia, la tarea de verificar las viviendas turísticas. Esto, según Ascav, representa una clara vulneración de las competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas, desdibujando incluso la autonomía regional en esta materia.

Ante la grave amenaza que el Real Decreto plantea para el sector de las viviendas turísticas y su posible repercusión económica en todo el país, Ascav ha solicitado al Tribunal Supremo que se considere la suspensión cautelar de la normativa, hasta que se emita una sentencia que dilucide la cuestión legal en juego.

Por si fuera poco, la asociación ha tomado medidas adicionales y ha formulado una denuncia formal ante la Comisión Europea, argumentando que la normatividad de España está en contraposición con la legislación comunitaria. Ascav sostiene que, si la denuncia es admitida, España podría enfrentarse a un procedimiento de inspección que, de no corregirse la situación, podría culminar en sanciones económicas para el país.