Las Palmas de Gran Canaria, 1 de diciembre. Desde la Plaza Nº 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, se ha decidido que un individuo que se hacía pasar por representante deportivo permanezca en prisión provisional y sin opción a fianza, tras ser arrestado por la Guardia Civil por supuestos abusos sexuales a menores en Canarias.

El tribunal ha encontrado motivos legales suficientes para esta medida, considerando que el acusado, detenido en Gran Tarajal (Fuerteventura), puede haber perpetrado al menos cinco delitos de agresión sexual contra menores, así como un delito de corrupción y otro de captación de estos jóvenes.

Las razones para mantenerlo en prisión son claras: el riesgo de que el acusado intente huir, altere o destruya pruebas, e incluso que reitere su conducta delictiva. La gravedad de las acusaciones ha llevado al tribunal a establecer esta acción como necesaria para salvaguardar la justicia.

Las investigaciones, que se han sustentado en información extraída del teléfono móvil del sospechoso y en testimonios de 14 menores, sugieren que mantenía encuentros de carácter sexual con ellos, siguiendo sus indicaciones. Este individuo había utilizado técnicas manipulativas para ganarse la confianza de sus víctimas, incluso haciéndose pasar por una mujer en redes sociales.

El tribunal resalta que el acusado se aprovechaba tanto de su diferencia de edad como de su supuesta posición como representante de futbolistas para lograr sus fines. Se ha confirmado que grabó algunos de estos abusos sin el conocimiento de los menores involucrados.

Al parecer, el investigado ya había sido arrestado anteriormente en marzo de 2025 y se le había impuesto como medida cautelar la prohibición de acercarse a la primera víctima que denunció los hechos. Sin embargo, desobedeció esta orden, lo que llevó a los investigadores de la Guardia Civil a actuar nuevamente.

La investigación se inició en diciembre de 2024, cuando una de las víctimas, con el apoyo de un profesional, reveló los abusos que había sufrido. Este testimonio fue clave, ya que, hasta ese momento, los demás menores no habían denunciado lo ocurrido.

A lo largo de la investigación, que incluye un análisis exhaustivo del contenido del teléfono del sospechoso y numerosas declaraciones de víctimas y testigos, se ha evidenciado que el acusado se movía en un entorno digital, utilizando métodos de engaño diseñados específicamente para atraer a jóvenes vulnerables.

Con dos estrategias de manipulación en su arsenal, el investigado se presentaba como un mánager deportivo, garantizando falsas oportunidades de promoción a los menores, las cuales utilizaba como un medio para comprometer a las víctimas a favores sexuales. Asimismo, utilizaba perfiles femeninos falsos para normalizar el intercambio de contenido sexual y reducir la desconfianza de los jóvenes.

Las víctimas han indicado que el abusador insistía en charlas de contenido sexual y solicitaba fotografías explícitas, aprovechándose de su aparente posición de autoridad para mantener control sobre ellos. A pesar de las restricciones impuestas, el sujeto continuó operativo, organizando actividades deportivas con menores incluso tras su primera detención.

Tras informes de las autoridades sobre su incumplimiento de las medidas judiciales, el 12 de noviembre, fue detenido nuevamente y su ingreso en prisión fue decidido de inmediato. Durante la última intervención, se llevó a cabo un registro de su domicilio, que resultó en la incautación de elementos adicionales relevantes para la investigación.

Los hechos reflejan un abuso de poder y confianza extraordinario, evidenciando que la simple captación de menores para propósitos sexuales transgrede su libertad y dignidad. Este caso pone de relieve la necesidad urgente de educar a las familias y menores sobre los peligros del grooming, una táctica de manipulación que estos delincuentes utilizan para acercarse a sus objetivos.

La Guardia Civil enfatiza que la capacidad de engaño y la falta de respeto a las órdenes judiciales del acusado representan un grave riesgo, lo que subraya la importancia de una alerta social frente a este tipo de situaciones. La seguridad de los menores debe ser prioritaria y la prevención, un esfuerzo colectivo.