En un giro preocupante para el sector aéreo en España, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha revelado que el Gobierno adeuda a las aerolíneas 810 millones de euros, relacionados con los descuentos del 75% que se aplican a los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Este monto representa un gran reto financiero para las compañías que operan en estas rutas, lo que ha llevado a ALA a declarar la necesidad urgente de una solución por parte del Ejecutivo.

La patronal ha expresado su inquietud ante la posibilidad de que, si no se toman medidas concretas, la deuda podría ascender a 1.500 millones de euros durante el año, todo ello en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta cifra alarmante se explica porque el Gobierno ha prorrogado los descuentos sin abordar adecuadamente el financiamiento necesario.

ALA destaca que las aerolíneas funcionan meramente como intermediarias en la aplicación de estos descuentos, siguiendo las normativas vigentes. Esto implica que las aerolíneas realizan una aplicación automática del descuento a los residentes y posteriormente liquidan el importe ante la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Sin embargo, este proceso ha causado un atraso significativo en los pagos, afectando gravemente a las compañías aéreas.

Según Javier Gándara, presidente de ALA, la DGAC ha fallado en la gestión eficiente de los créditos presupuestarios que deberían garantizar el abono de las subvenciones. En su reciente comunicado, Gándara refiere que la asignación que el Gobierno ha destinado este año, de 560,81 millones para subvenciones de transporte aéreo a residentes, es claramente insuficiente. A pesar de un aumento de 170 millones a través del Fondo de Contingencia, la cantidad total sigue sin cubrir las necesidades reales.

Esta falta de financiamiento está comprometiendo la viabilidad económica de las aerolíneas, con el riesgo de que algunas rutas se vean forzadas a suspender operaciones, lo que afectaría directamente la conectividad y el desarrollo económico de las comunidades insulares. Gándara insiste en que el Gobierno debe actuar con celeridad para resolver esta situación crítica.

Con el inminente inicio del año 2025, las aerolíneas están preparándose para enfrentar nuevos retrasos en los pagos. Si los Presupuestos se mantienen como están, se prevé que solo se disponga de 560,8 millones para cubrir subvenciones, mientras que el gasto podría llegar a 1.200 millones. Esto sumado a los 810 millones ya pendientes del año anterior, plantea una crisis financiera que no se puede ignorar.

Ante este panorama, ALA hace un llamado al Gobierno para que no solo salde la deuda existente, sino que también revise y ajuste las partidas presupuestarias para hacer frente a las necesidades reales de los residentes, evitando así futuros errores que podrían perjudicar gravemente a todas las partes involucradas.