En Santa Cruz de Tenerife, la Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria (Atratican) ha alzado la voz ante una preocupante situación relacionada con la posible importación fraudulenta de frutas suramericanas, etiquetadas como si fueran producidas localmente. Esta situación podría complicarse aún más con la inminente implementación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, lo que despierta serios temores en el sector agrícola del archipiélago.

Un grupo de agricultores vinculados a Atratican ha comenzado a preparar una denuncia que será presentada ante el Seprona y posteriormente enviada a la Fiscalía. La denuncia se fundamenta en evidencias que apuntan a la importación ilegal de melón brasileño disfrazado como producto nacional en Canarias, una situación que no solo es un acto de fraude, sino que también pone en jaque la sostenibilidad del mercado agrícola local.

La organización destaca que la entrada de melón desde países exteriores a la Unión Europea está prohibida desde 1987, gracias a una regulación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que protege la sanidad vegetal en las Islas Canarias. Este marco legal fue diseñado para evitar la introducción de plagas y asegurar la calidad de los productos que llegan al archipiélago.

Los afectados han advertido que esta situación podría constituir varios delitos, incluyendo ataques a la salud pública y falsificación de documentos, lo que genera un escenario de incertidumbre entre los productores locales que cumplen con las normativas vigentes. La asociación sostiene que este tipo de actividades desleales no solo plantea riesgos sanitarios, sino que amenaza la viabilidad del sector agrícola canario.

El presunto esquema fraudulento implica importar melón desde Brasil hasta la Península, donde se cambia el etiquetado y se manipula la trazabilidad del producto antes de enviarlo a Canarias. Este proceso ya ha sido reportado anteriormente con otras frutas como aguacates y piñas tropicales, lo que aumenta la inquietud entre los agricultores.

Atratican ha calificado la situación de “indiciariamente muy grave” y ha instado a las autoridades a investigar con prontitud. La asociación enfatiza que estas prácticas no solo dañan la reputación del producto local, sino que también exponen a los consumidores a riesgos derivados de plagas y pesticidas no autorizados en la Unión Europea.

Además, se ha unido al clamor de los productores en la necesidad de herramientas eficientes para detectar estas irregularidades. Proponen establecer un sistema de inspección del balance de masas en las explotaciones agrícolas que permita contrastar la producción local con lo que realmente se comercializa.

Para elevar la conciencia pública sobre este asunto, los agricultores planean lanzar una campaña en redes sociales enfocada en educar a la población canaria sobre los peligros de la importación ilegal de frutas provenientes de naciones con altos riesgos sanitarios. Este llamado se hace con la intención de proteger tanto la seguridad alimentaria como el empleo en el sector agrícola de las Islas.