La Guardia Civil ha lanzado una advertencia sobre las consecuencias negativas, tanto penales como económicas, que se derivan de la movilización de los servicios ante una falsa amenaza de bomba en diferentes centros de educación secundaria de la isla de Gran Canaria. Este tipo de acciones se han convertido en una práctica habitual para evitar los exámenes de finales de curso, y se están viendo incentivadas por la posibilidad de que los jóvenes que las lleven a cabo puedan grabar vídeos e imágenes para aumentar sus seguidores en redes sociales.

La Guardia Civil ha afirmado, a través de un comunicado, que en estos casos se movilizan los recursos con la mayor rapidez y urgencia posible, evacuando a las personas de los centros educativos y acordonando la zona afectada, habilitando una zona de seguridad para que el Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) pueda actuar con seguridad.

Las autoridades han destacado que este tipo de acciones son consideradas desórdenes públicos, y que los autores pueden enfrentar consecuencias penales que incluyen pena de prisión o multa. Asimismo, la movilización de los servicios de emergencia conlleva una consecuencia administrativa y económica.